Pimec pide que se multe a las empresas morosas y se cierren temporalmente

Intransigencia y mano dura. Es lo que reclama Pimec para las empresas morosas. Considera que ya en tiempos de bonanza fueron un cáncer para la economía y que ahora, con la crisis, “se han convertido en una metástasis, la principal causa del cierre de empresas”, según ha afirmado este martes el secretario general de la organización, Antonio Cañete, quien las responsabiliza de uno de cada tres cierres empresariales.

Para acabar con esa situación, la patronal exige al Estado que modifique la ley contra la morosidad aprobada en 2004 y modificada en 2010 para introducir un régimen de sanciones e, incluso, el cierre temporal (hasta dos años) de las empresas que incumplan los plazos de pago. Solo las Administraciones públicas quedarían excluidas de las sanciones, pese a ser las responsables de la mayor bolsa de mora empresarial.

Según un estudio presentado por Pimec, el periodo promedio de pago de las empresas con sede en Cataluña se prolonga a 96 días, mientras que en el resto de España alcanza los 108. Cuanto mayores son las empresas, mayor es la dilación de pago y si se trata de constructoras, el plazo se dispara hasta los 262 días.

En todo caso, los plazos reales de todas las compañías son muy superiores a los que permite la legislación española, que estableció en 2010 una reducción paulatina de los plazos. Este año las empresas deberían pagar a 75 días, a excepción de las contratistas de obra civil, que se benefician de un margen adicional, hasta los 90 días. Y ya a partir de 2013 se introducirían los márgenes definitivos: 60 días sin excepciones.

El problema, al entender de Pimec, es que la ausencia de medidas coercitivas deja casi en papel mojado la normativa y los plazos estipulados. La patronal cree que faltan multas y, por ello, plantea la introducción de tres rangos de sanciones desde un mínimo de 6.000 euros en las faltas leves hasta un máximo de 900.000 euros para los casos más graves. La organización empresarial recomienda incluso que en los casos más flagrantes se pueda llegar a hacer público el nombre de la compañía. Pero el castigo más drástico supondría que la Administración pueda decretar el cierre temporal, por un máximo de dos años, de una empresa que incurra hasta tres veces en una falta grave. “En otros países son más duros”, ha señalado Cañete.

En la propuesta de modificación legal de la organización, las infracciones muy graves serían aquellas en las que una empresa abusa de su posición de fuerza sobre compañías dependientes para dilatar pagos o aquellas que apuesten por “incumplir el plazo de pago legal cuando la cuantía de la operación comercial supere los 30.000 euros”, entre otros condicionantes.

La patronal catalana de pymes exige la creación de un observatorio de la morosidad porque “el país está funcionando sin GPS”, un instrumento que aún no está muy claro si se enmarcará dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o del de Hacienda y Administraciones Públicas.