El Instituto de la Memoria subrayará la victoria de la democracia
Socialiasta, PNV, Aralar y Ezker Anitza presentan hoy la iniciativa en el Parlamento
El Instituto de la Memoria y la Convivencia, cuya andadura se inicia hoy con el registro de una proposición de ley respaldada por todos grupos del Parlamento vasco, salvo PP, EA y UPyD, construirá su trabajo sobre tres pilares: la existencia en Euskadi de un grupo terrorista y de sectores sociales que le han dado su apoyo durante décadas; la transformación del Estado heredado del franquismo hasta su conversión en Estado de Derecho plenamente democrático y la victoria final de la democracia sobre todas las violencias totalitarias.
Los grupos que hoy presentarán la iniciativa (PNV, PSE, Aralar y Ezker Anitza), esperan la incorporación de los populares al acuerdo final. Si se produce, volvería a darse la misma situación que se repite desde el acuerdo de febrero en el Congreso ante la petición de ilegalización de Bildu: un consenso casi absoluto del que solo quedarían fuera UPyD y EA, socio de la izquierda abertzale en Amaiur.
La proposición de ley, una fórmula por la que se decantó el lehendakari, Patxi López, ya en el pleno de política general de septiembre pasado al proponer el organismo y después en un pleno monográfico en marzo, se eligió por considerar que tiene dos ventajas: anula reticencias respecto del protagonismo que daría al Gobierno autónomo un proyecto de ley y garantiza una tramitación más rápida en la Cámara de Vitoria. El Instituto recogerá la memoria de todas las víctimas del terrorismo sin excepción: las de ETA, el GAL, El Batallón Vasco Español de la transición y otros grupos violentos.
Organismo público
La proposición de ley suma una veintena de artículos y varias disposiciones adicionales, además de una exposición de motivos, que deja constancia de su vocación inclusiva, aunque al tiempo descarta las equiparaciones o justificaciones de ninguna de las violencias citadas. En todos los casos, la memoria lleva incorporada la denuncia del victimario.
El Instituto será el encargado de coordinar las políticas y acciones sobre memoria, convivencia y tolerancia. Se configurará como un organismo público en el que estarán el Gobierno vasco, el Parlamento autónomo, las Diputaciones, los municipios a través de la asociación Eudel y asociaciones que trabajan ya en ese campo.
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