Los alcaldes de CiU se rebelan contra los recortes en la subvención a las guarderías

La Generalitat anunció que las ayudas variarían según la riqueza de municipios y familias

El anuncio del recorte de 300 euros de la subvención que se otorga a las guarderías municipales (pasa de 1.600 a 1.300 por niño) no ha gustado en ningún Ayuntamiento. Recelos ha generado también el nuevo modelo de financiación de estos centros que la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, anunció el jueves y establece ayudas variables según el nivel socioeconómico del municipio. Esto es, pagar menos a los Ayuntamientos más ricos.

Matadepera y Sant Cugat del Vallès (ambos del Vallès Occidental), lideran la clasificación de municipios con rentas más altas. Ambos fueron citados por Rigau en el Parlament y en ambos gobiernan dos alcaldesas de CiU que se mostraron sorprendidas por el anuncio de Enseñanza, al mismo tiempo que ven con recelo el trato discriminatorio que supondrá el cambio de financiación.

Mireia Solsona, alcaldesa de Matadepera, alertó de que “el hecho de crear desigualdades puede generar conflicto” y defendió una subvención igual para todos, que se complementaría con bonificaciones según las rentas familiares. El recorte de la subvención a las guarderías tendrá poco impacto en Matadepera (solo tienen una pública), pero no así en Sant Cugat, donde hay ocho.

Este municipio justo acaba de ultimar la revisión de su sistema de guarderías para bajar los costes de mantenimiento. Aquí el coste real de una plaza es de unos 7.000 euros, muy por encima de los 5.000 euros de media en Cataluña. Sant Cugat ya había fijado las cuotas para el próximo curso (el 4% más caras) y ahora temen que los precios queden en agua de borrajas porque desconocen la subvención de la Generalitat y no descartan tener que revisar los precios.

La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, prefirió no valorar el nuevo modelo de financiación, pero suscribió las quejas de las entidades municipalistas. En un comunicado conjunto, la Federación y la Asociación de Municipios denuncian que el recorte de la subvención supone un “aumento de la asfixia financiera” de los Ayuntamientos y reprochan a la Generalitat que anuncie su importe para el curso actual, cuando está a punto de finalizar las clases.

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