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El Banco de Valencia denunciará a Olivas, Izquierdo, Parra y Tirado

La junta se convierte en una cadena de críticas hacia BFA, Banco de España y la auditora

Los administradores redactarán un informe sobre las irregularidades en la gestión de la entidad

Los ejecutivos del FROB presiden la junta de accionistas del Banco de Valencia.
Los ejecutivos del FROB presiden la junta de accionistas del Banco de Valencia.

La junta de accionistas del Banco de Valencia, que aprobó el lunes la reestructuración de la entidad para evitar su liquidación, deparó dos desagradables sorpresas a sus antiguos gestores. De un lado, el banco denunciará por la vía civil a José Luis Olivas, expresidente de la entidad y todavía presidente de Bancaja; a los exconsejeros delegados Aurelio Izquierdo (que también fue presidente) y Domingo Parra, y al exvicepresidente Antonio Tirado. Se trata de la llamada acción social de responsabilidad, prevista para perseguir a los gestores por los daños y perjuicios causados como consecuencia de actos contrarios a la ley, los estatutos de la sociedad o que incumplan los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Del otro, los administradores del FROB que dirigen la entidad tras ser intervenida en noviembre por su insolvencia anunciaron que están ultimando acciones penales que previsiblemente interpondrán cuando finalice el “amplio y preciso” informe legal que están elaborando. “Trabajamos para identificar circunstancias, hechos y operaciones que puedan suponer algún tipo de delito y cuando lo tengamos actuaremos en consecuencia”, afirmó el administrador José Antonio Iturriaga, que presidió la junta, sin nombrar a las personas contra quienes pudieran dirigirse.

El representante del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) también fue muy severo, consecuencias legales aparte, con los anteriores responsables del banco, de quienes dijo que habían demostrado una “evidente falta de capacidad en la gestión”.

La desproporcionada concentración del riesgo en empresas promotoras y constructoras, así como el endurecimiento de los requisitos de solvencia establecidos por el Gobierno, hacen que según el cálculo provisional del FROB la entidad requiera 1.336 millones de euros. El Fondo de Garantía de Depósitos o el propio FROB aportarán hasta 1.500 millones.

La reestructuración pasa por una reducción de capital seguida por una ampliación de 1.000 millones

El administrador del FROB fue inusualmente franco al referirse a las escasas posibilidades de que la entidad termine devolviendo esas ayudas que, en el caso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) provienen del propio sector bancario. Iturriaga respondía a una de las preguntas que formularon los accionistas sobre el supuesto peor trato que el Banco de Valencia habría recibido por parte del Banco de España y del Gobierno en comparación con los recibidos por otras entidades con problemas. “A Banco de Valencia le van a dar, de entrada, 1.000 millones, con mucha probabilidad de perderlos”, respondió Iturriaga.

La acción de responsabilidad social contra Olivas, Izquierdo, Tirado y Parra fue aprobada con un 6,03% del capital de los votos emitidos frente a un 5,6% que votó en contra, y un 88,3% que se abstuvo. El resultado significó que Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, que controla un 39% de las acciones del Banco de Valencia, se abstuvo permitiendo de este modo la exigencia de responsabilidades a los exgestores. La propuesta de otro accionista para que la acción civil se dirigiera contra todo el consejo de administración fue rechazada por un 29% del capital contra un 1,2% que votó a favor. La abstención se redujo al 69,4%.

La convocatoria reunió a mucho más capital del necesario para que pudiera celebrarse la junta, un 79,7%. La operación acordeón aprobada ayer supondrá que los actuales accionistas pasarán a tener un 9% del capital, estando el resto en manos del FROB. La medida fue aprobada por el 98,9% del capital que participó en la votación, mientras que los informes de gestión de 2011, resultados del mismo ejercicio y otros recabaron apoyos inferiores pero igualmente holgados.

El administrador del FROB dijo entender “la decepción de los accionistas por el hecho de que el Banco de Valencia no sea viable”, afirmó, sin recibir ayudas y ser adjudicado a una de las cinco entidades que se han interesado por la subasta. Iturriaga insistió, sin embargo, en que la propuesta del FROB era “la mejor solución posible” entre las que se podía optar. El administrador describió la situación patrimonial del banco como “muy delicada”, adelantó que es posible que la tasa de morosidad, fijada en el 16,3% al cierre del primer trimestre del año, “supere ampliamente el 20%”, y destacó la alta dependencia del banco del mercado mayorista, que se acerca al 50%.

El FROB asume que el Banco de Valencia no devolverá las ayudas

La junta sirvió, como estaba previsto, para que los accionistas manifestaran sus críticas hacia los distintos actores que han participado en la caída de la histórica institución valenciana. Y, en especial, hacia Olivas, Izquierdo y Parra. Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por no haber salido en ayuda de su filial precipitando de ese modo su intervención. El Banco de España, por no haber detectado a tiempo la negligente gestión de sus responsables. Y la auditora Deloitte por haber bendecido unas cuentas que ofrecían una buena situación de la entidad que ha resultado ser ficticia.

La intervención más aplaudida fue la de Vicente Simó, en lo que supuso un reconocimiento de los accionistas a la asociación Pro Banco de Valencia que preside y que ha encabezado la movilización social para evitar que el valor del Banco de Valencia quedase reducido a cero, como parecía probable hace unos meses. Simó consideró, sin embargo, que el valor atribuido a la acción (0,20 euros por acción) es inferior al real.

El presidente de Pro Banco de Valencia, que logró reunir a 2.000 socios que representan cerca del 25% de las acciones, expresó su “indignación y vergüenza” por la gestión que condujo a la entidad a la insolvencia, y por la actitud adoptada por BFA de no responder por su filial. Sin citarlos, Simó acusó a Olivas, Izquierdo y Parra de haber antepuesto “criterios políticos y personales a los criterios financieros y la defensa de los accionistas”. Pero pidió distinguir entre estos y otros miembros del consejo de administración. Como hicieron muchos otros accionistas, Simó defendió la reestructuración por “responsabilidad”, ya que la alternativa era la disolución.

Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7 y consejera de Prisa (editora de EL PAÍS), criticó la ocultación de información por parte de los anteriores gestores de la entidad al consejo de administración del banco, del que formaba parte. “¿Piensan que de saber la realidad no hubiésemos actuado de otra manera, denunciando la mala gestión y, de no recibir respuesta, vendiendo nuestras inversiones?”, preguntó Noguera. Al contrario que otros accionistas importantes, la empresaria ha mantenido su participación a pesar de la crisis de la entidad. Noguera señaló la responsabilidad de BFA en la intervención del banco por haberlo expulsado “del perímetro de consolidación de la entidad”. “Hemos sido perjudicados por decisiones de otros pero nos hemos mantenido firmes, por el compromiso familiar, moral e incluso social”, afirmó.

Noguera acusa a los anteriores gestores de ocultar los datos al consejo

Vicente Boluda, que intervino como accionista pero habló en nombre de la Asociación Valenciana de Empresarios, hizo un discurso conciliador de cara a la entidad que acabe quedándose con el banco. Podrá contar con el apoyo y la inversión de los empresarios valencianos si se cumplen una serie de condiciones: mantenimiento del nombre Banco de Valencia y de la actual sede social; respeto a los derechos de actuales accionistas, y conservación de la cultura de la entidad, caracterizada por su cercanía a sus clientes.

A la junta también asistieron representantes empresariales como el presidente de la patronal valenciana, Cierval, José Vicente González; el de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata y el de la patronal de la provincia de Valencia, Salvador Navarro, pero no así Francisco Pons, que sustituyó a Olivas como vicepresidente de BFA el año pasado. También pudo verse al portavoz de la Compromís, Enric Morera, y al exlíder del Bloc Nacionalista Valencià, Pere Mayor, que tomó la palabra. Las decenas de intervenciones incluyeron la de Vicente Garrido, presidente del Consejo Jurídico Consultivo y muy amigo del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que apostó por mirar al futuro y se quejó, sin mayor precisión, de quienes critican a Valencia por cómo se han hecho las cosas en los últimos años.

La junta ordinaria y extraordinaria de accionistas aprobó igualmente las cuentas y la gestión de 2011, la propuesta de aplicación de resultados, la autorización para realizar emisiones de deuda y solicitar la admisión a cotización en mercados secundarios de valores, y el informe anual sobre la política de retribuciones de los consejeros. A partir de ahora se efectuará una reducción del capital, que pasará de los 123,1 millones actuales a 98,5 millones, rebajando el valor nominal de las acciones de 0,25 euros a 0,20. Y a continuación tendrá lugar la ampliación de capital hasta un máximo de mil millones de euros a través de una emisión de hasta cinco mil millones de acciones con un valor de 0,20 euros. Los actuales accionistas podrán ejercer su derecho de suscripción preferente, aunque de las intervenciones escuchadas ayer es probable que prefieran esperar a ver los planes de quien resulte adjudicatario del banco.

El administrador del FROB recordó que cinco entidades se han interesado y ahora se encuentran revisando la información relevante de la entidad. Esta fase concluirá probablemente a finales del mes de junio. Finalmente, señaló Iturriaga, las entidades presentar sus ofertas, que serán vinculantes, entre las que el FROB elegirá la que considere más conveniente atendiendo “a los criterios de coste para el erario público y a la capacidad financiera y de gestión” de los aspirantes.

El ladrillo

El administrador del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que presidió la junta ordinaria y extraordinaria de accionistas del Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, destacó la excesiva concentración del riesgo de la entidad en el sector inmobiliario como la razón fundamental que llevó a la insolvencia a la entidad. “Tenemos lamentablemente mucho ladrillo”, comentó Iturriaga en su respuesta a las preguntas de uno de los accionistas.

El boom de la construcción acabó tumbando al Banco de Valencia, pero al mismo se sumaron también algunos de sus máximos directivos. En concreto, los dos exconsejeros delegados de la entidad, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, participaron conjuntamente en una sociedad, Gestor Inversiones Izpa, que les permitió ganar 9,28 millones de euros en la década pasada, según publicó El Mundo.

La ganancia se produjo a raíz de la venta de sus participaciones en la sociedad en el año 2008, una operación que ascendió en total a 12,37 millones de euros. Entre las participaciones se contaban las de Capital Residencial y Casa Amiga Portugal. La primera de estas sociedades se dedicaba a operaciones inmobiliarias en la costa valenciana. La segunda tendría como objetivo un gran desarrollo urbanístico en el Algarve, al sur de Portugal.

La sociedad Gestor Inversiones Izpa, creada en el año 2005, era propiedad de Parra e Izquierdo al 50%.

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