Tres vicepresidentes de la CAM culpan a los directivos del desastre

El vicepresidente primero de la CAM, Ángel Martínez Martínez, le echó la culpa de todo al equipo del director general Roberto López Abad y su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós. El vicepresidente segundo, Benito José Nemesio, reconoció que carecía de conocimientos para evaluar algunas de las operaciones. Uno de los principales consejeros, que fue vicepresidente de la entidad en otro momento, Armando Sala, dijo que las actas del consejo de administración no se ajustaban a la realidad y el secretario del consejo, José Forner, que las redactaba, recordó que no tenía voto porque no era consejero general.

El desfile de miembros del consejo de administración de la CAM por la comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre su quiebra reveló el lunes que en una entidad que manejaba miles de millones de euros en créditos no se cumplían las funciones asignadas en cada nivel de gobierno, aunque todo el mundo obtenía cuantiosas dietas.

“No puedo decir que las actas estén falseadas, digo que no se ajustan a la realidad”, afirmó tajante Armando Sala, que fue el que se despachó con más contundencia. Todos coincidieron en que no escucharon en el consejo que se asignara al presidente de la CAM, Modesto Crespo, una retribución retroactiva de 300.000 euros por presidir una empresa participada. Las actas dicen que se aprobó por unanimidad.

Miembro del sector zaplanista del PP alicantino a quien Crespo desplazó impulsado por Francisco Camps, Sala evidenció las divisiones en el seno del PP pero no llegó al fondo. A preguntas de los diputados —el socialista Ángel Luna llegó a advertirle que se puede perseguir penalmente a quien mienta en una comisión de investigación—, Sala negó también haber tenido conocimiento de la retribución retroactiva al presidente de la CAM, pero no negó que se hubiese aprobado su nombramiento al frente de una empresa participada. “No sé si se les pasó decirlo o no”, comentó a modo de explicación. Sí que dijo explícitamente que “las retribuciones de los directivos jamás pasaron por el consejo”.

Sus predecesores en la comisión parlamentaria no habían ido tan lejos y se habían limitado a señalar que no recordaban que se hubiera aprobado la retribución de Crespo. Uno optó por cargar contra el equipo del que fue director general, Roberto López Abad, y el otro escogió como chivo expiatorio el sistema institucional de protección (SIP) que la CAM pactó con otras tres entidades pero se rompió, dejando a la caja la única alternativa de la intervención por el Banco de España.

Todo lo que llegaba al consejo de administración venía del equipo directivo informado favorablemente, aseguró Ángel Martínez Martínez, exvicepresidente primero de la CAM, en cuya opinión los directivos de la entidad eran los encargados de “la estructura de funcionamiento” de la misma.

Martínez, que fue nombrado consejero en febrero de 2007 a propuesta del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), afirmó que “jamás” recibió “presiones políticas” de la Generalitat ni del Gobierno de Murcia para que la caja invirtiera en proyectos como Polaris World. Según dijo, el consejo se limitaba a “informar los expedientes de acuerdo con la documentación” que recibía de la dirección. “¿Por qué se dio crédito a la construcción en demasía?”, se preguntó Martínez, para contestarse: “No puedo responder, pero la sociedad tiene una idea de ello”. “Nuestra labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social, pero a la hora de la propuesta o denegación de un crédito jamás ningún miembro del consejo tuvo capacidad de decisión”, insistió, a la vez que situó lo ocurrido en la CAM en “una etapa de crecimiento, donde la oferta de dinero a empresarios y promotores era constante”.

La dirección general, desempeñada por Roberto López Abad hasta 2010 y posteriormente por María Dolores Amorós, y su equipo, era el responsable de “la actividad económica-financiera” de la caja, reiteró. En este sentido, explicó que la información que se les facilitaba por la dirección siempre “cumplía cada uno de los ratios establecidos por el Banco de España” y las auditorías realizadas de las cuentas de la caja “se presentaban sin ninguna salvedad”. Martínez también responsabilizó a la dirección y al presidente de la CAM del proceso que se inició para buscar “socios” a instancias del Banco de España, lo que llevó a tener contactos con Caja Madrid, de los que “nunca” se informó al consejo de administración, con Caja Murcia y con Cajastur, que fue la que “cristalizó” finalmente. Pese a ser murciano, Martínez, persona considerada muy próxima al presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, dijo no haber sabido nada de las negociaciones con Caja Murcia.

La diputada de Compromís Mireia Mollà criticó que el consejo de administración solo estaba para “dar el visto bueno”, a pesar de que la ley “les otorgaba competencias para realizar labores de inspección”; Lluís Torró, de Esquerra Unida, preguntó por la colocación de las cuotas participativas y el socialista Ángel Luna incidió en que los consejeros debían saber cuándo, cómo y a quién se daban los créditos.

Luna recriminó a los comparecientes que su objetivo al acudir a la comisión parlamentaria era “evitar” que salga de ella algo que les pueda perjudicar en el expediente abierto por el Banco de España. Aunque Martínez no quiso concretar cuánto cobraba, pese a que aseguró haber dado permiso para que se hiciera público, Luna evaluó en unos 100.000 euros anuales lo que recibía en concepto de dietas, fruto de su nombramiento como vicepresidente de las sociedades Incomed y Gesfimed, así como de la comisión de inversiones. David Serra, del PP, preguntó si el Banco de España, que tuvo abierta tres años una inspección sobre la CAM, pudo haber detectado antes los problemas de la caja.

Tras Martínez, compareció el exvicepresidente segundo, José Benito Nemesio, que fue concejal del PP en Torrent y, como presidente de la Caja de Torrent participó a finales de los años ochenta en la integración de esa entidad en la CAM. Nemesio atribuyó la crisis de la CAM a que la caja había “crecido mucho” en los primeros años del siglo XXI y con cargo, en buena medida a “fondos de fuera de España”. “Pudo ser un fallo”, dijo, “ahora es fácil decirlo”.

Nemesio se escudó en que la CAM pactó un sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, por el que se creó un Banco Base, al que correspondía adoptar medidas cuando el Banco de España apretó las condiciones a la caja alicantina. Según su opinión, cuando el SIP se rompió, la CAM quedó “fuera de juego”. Luna le puntualizó que ese Banco Base apenas duró un mes. Nemesio reconoció que cobró 70.000 euros en 2010 y 40.000 en 2011.