El alcalde de Tui y su suegro se zafan del ‘caso Patazumba’
Un auto judicial, recurrido, limita la posible imputación de un supuesto delito contra el patrimonio al hijo del exregidor y a un agente forestal
El alcalde de Tui, Moisés Rodríguez, y su suegro y predecesor en el cargo, Antonio Feliciano Fernández Rocha, han esquivado su imputación como presuntos responsables de un delito contra el patrimonio —tala de nueve castaños en el entorno de un hórreo centenario, dentro del denominado caso Patazumba—, según un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui que ya ha recurrido la asociación Arcebispo Lago, cuya denuncia inició las actuaciones.
El citado juzgado consideró en 2008 que existían “indicios racionales suficientes” contra Fernández Rocha y Moisés Rodríguez, a la sazón concejal de Cultura de Tui, como responsables penales del delito señalado, pero en 2010, “teniendo a la vista las mismas actuaciones”, recuerda Arcebispo Lago, determinó que los hechos no eran susceptibles de ser considerados un ilícito penal.
La asociación recurrió por entender que ambas resoluciones eran claramente contradictorias y el juzgado, en noviembre pasado, estimó parcialmente su recurso, revocó su propio sobreseimiento de las actuaciones y consideró como únicos imputados a José Antonio Fernández Estévez, hijo de Fernández Rocha y administrador de la promotora Tuivi, de la que su padre era apoderado, y al técnico forestal Manuel Jesús Rodríguez Montes por autorizar la tala de los castaños.
Contra este otro auto interpuso Arcebispo Lago un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial aún no resuelto y, pese a lo cual, el juzgado dicta el pasado mes de abril un nuevo auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado respecto a Fernández Estévez y Rodríguez Montes y sobresee las actuaciones en relación con Fernández Rocha y Moisés Rodríguez.
La asociación ha interpuesto un nuevo recurso contra ese auto del juzgado recabando “la lógica del procedimiento”, esto es, que se suspenda la transformación del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial falle a quiénes corresponde imputar en el mismo el supuesto delito contra el patrimonio.
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