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El PP apunta a Costa ante el juez en la causa de la financiación ilegal

La dirección regional contesta con dureza al escrito aportado por el exsecretario general

Los diputados populares Antonio Clemente, Ricardo Costa y Serafín Castellano en las Cortes en una imagen de archivo.
Los diputados populares Antonio Clemente, Ricardo Costa y Serafín Castellano en las Cortes en una imagen de archivo.

La dirección del PP valenciano ha señalado ante el juez que instruye la causa de financiación ilegal de la formación, enmarcada en el caso Gürtel, a su exsecretario general Ricardo Costa como responsable total de la gestión del partido en el periodo investigado. El escrito remitido al magistrado José Ceres señala que al secretario general le correspondía “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”, así como “la coordinación, a través de los vicesecretarios generales y vicesecretarios ejecutivos, de las áreas de actividad del partido”, tal y como indicaban los estatutos de la formación vigentes en aquel momento.

Costa, que es diputado autonómico, está imputado junto a otros destacados miembros del PPCV y de la Generalitat por presunta financiación ilegal —delito electoral— y falsificación mercantil en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Según la investigación, ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones de obra civil del Gobierno valenciano sufragaron diversos actos electorales. Dichas aportaciones habrían sido camufladas a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Los actos electorales del PP los hacía Orange Market, pero en vez de pagarlos el partido los cobraba de las constructoras emitiendo para ello facturas por servicios ficticios, según considera acreditado la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la dirección regional, que responde a uno anterior de Costa, contiene duras consideraciones hacia quien fuera su número dos.

A principios de abril, Costa presentó un escrito en el que solicitaba que el juez llamase a declarar en calidad de testigo al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, una petición que el magistrado denegó. Pero sí aceptó otra de las solicitudes de Costa, que consistía en requerir a su propio partido una batería de documentos que, por su contenido, podían servir para exculparlo.

Costa intentó sin éxito que Clemente declarase como testigo en la causa

Uno de los puntos solicitados por Costa consistía en que la dirección regional indicara “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”.

La respuesta de la dirección, que firma Antonio Clemente, da idea de la tensión que acumula el partido en Valencia: “Cabe en primer lugar preguntarse qué es lo que debe entenderse por ‘gestión ordinaria de la tesorería’, al ser éste un concepto jurídico indeterminado”, arranca la contestación.

A continuación, el PPCV señala que las operaciones “de cobros y pagos” de la formación se realizan a través de una cuenta bancaria del partido en las que actualmente figuran cuatro personas como autorizadas, entre las que se cuenta el secretario general, que es el cargo que ocupaba Costa en el periodo investigado. El escrito señala que bastan “dos firmas indistintas de cualesquiera de ellos” para efectuar una operación.

El Santander acredita que Costa tenía acceso a la cuenta del PP en los años investigados

Entre los autorizados hoy se hallan igualmente otras dos responsables del PPCV imputadas en la misma causa de financiación ilegal: Yolanda García, que es tesorera y diputada, y Cristina Ibáñez, administradora y gerente. A la dirección no le constan, en cambio, “cuentas autorizadas con su firma por Ricardo Costa” entre 2004 y 2008 (periodo que cubriría las dos campañas electorales investigadas).

Ello contradice, sin embargo, la información aportada también a la causa por el Santander, en la que el banco le indica al juez que Ricardo Costa era uno de los apoderados que podían operar con firma mancomunada (al menos dos personas) en la cuenta que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene en la entidad financiera durante “todo el periodo” de los años 2007 y 2008. Es decir, cuando tuvieron lugar las dos campañas electorales bajo sospecha.

Junto a Costa, en distintos periodos, estaban también autorizados García, Ibáñez, David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV, diputado e imputado en la causa) y la anterior secretaria general del partido Adela Pedrosa.

El escrito del PPCV responde que no ha encontrado actas o acuerdos que, tal y como había requerido el exnúmero dos del partido, figurase por ejemplo “el acuerdo de comité o junta por el cual se encarga a Ricardo Costa la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV”.

Sí que responde a otro de los extremos solicitados por Costa: Qué cargo del partido tiene la facultad estatutaria de aprobar el presupuesto y controlar la contabilidad. La dirección responde que corresponde al comité ejecutivo del PPCV “elaborar el presupuesto ordinario y aquellos otros de naturaleza electoral”, así como “aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el partido en la Comunidad Valenciana”.

La formación también contesta a otro de los llamativos requerimientos de Costa: que se remitiera el nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, “quién los designa y su dependencia salarial o funcional”. El partido responde que desde 1995 lo es Cristina Ibáñez, “dependiendo salarialmente de la oficina central nacional”. Esto es, de la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.

 

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