El Consell paga los despidos del IVVSA con ayudas a la vivienda
El DOCV publica la transferencia de siete millones de euros para cubrir las indemnizaciones Los fondos proceden de la línea destinada a favorecer a la población más necesitada
La Generalitat pagará los siete millones de euros que cuesta el expediente de regulación de empleo (ERE) del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) con fondos del plan de ayudas a la vivienda.
Según publicó ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), la Generalitat ha creado una nueva línea de subvención presupuestaria creada para financiar el ERE, que afecta a 212 de los 328 trabajadores del instituto público. El expediente prevé una indemnización de 20 días de salario por año de servicios, con un máximo de doce mensualidades, y un convenio especial para los empleados mayores de 55 años, así como un plan de recolocación.
El coste de los despidos, estimado en siete millones de euros, se restan del plan de la vivienda, que pasa de una dotación económica de 38,7 millones a 31,7. El Instituto de la Vivienda queda, tras esta severa reestructuración, para gestionar solo el parque de viviendas sociales.
La oposición criticó con dureza esta resolución. “Es una inmoralidad que las indemnizaciones de los trabajadores del IVVSA se detraigan del presupuesto del plan de la vivienda, que se destina a ayudas a la rehabilitación y a los inquilinos, así como a la financiación de infraestructuras”, criticó la diputada socialista en las Cortes María José Salvador. La parlamentaria denunció que se están quitando inversiones que crean empleo, para pagar el despido de los trabajadores.
Verificar si es legal
Salvador lamentó que con este ERE se liquidan las políticas de vivienda de la Generalitat, “precisamente ahora, que habría que desplegar una auténtica línea de apoyo a la vivienda”. Los socialistas solicitarán a la Mesa de las Cortes que pidan a los servicios jurídicos un informe que verifique la legalidad de derivar fondos de ayuda a la vivienda a financiar un ERE.
Para Esquerra Unida, la decisión de la Generalitat es “indecente”. Marina Albiol, diputada autonómica, descalificó que se usen los fondos públicos para pagar los despidos, “tan necesarios para sostener un instituto que el PP ha exprimido para sus proyectos especulativos y que ha dejado moribundo”. La remodelación del IVVSA deja en el aire unas 2.000 viviendas acabadas o en proceso de construcción —y paralizadas—, así como miles de metros cuadrados de suelo.
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