Maroto pide negar las ayudas a quien tenga antecedentes

El PP vasco no se contenta con el notable endurecimiento de las medidas, tanto de acceso como de control del fraude, que promovió junto con el PSE en 2011 en torno a las ayudas sociales, con la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. El vicesecretario general del PP en Álava, Javier Maroto, presentó ayer en Vitoria los detalles de la ponencia social del congreso que celebrará el PP vasco este fin de semana y enumeró un paquete de medidas complementarias que añaden grados de dureza al discurso del PP en materia de ayudas sociales y que, según fuentes del partido, no están recogidas ni en la ponencia, ni en enmiendas, por lo que no se votarán en el congreso.

Una de esas medidas que el PP defenderá es la de poner coto a quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia. Maroto explicó ayer a los medios de comunicación que “queremos hacer incompatible que reciban prestaciones sociales las personas que con su actividad hacen daño a la sociedad que les sostiene; si uno tiene antecedentes, no puede estar en el sistema de prestaciones sociales de Euskadi”. Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria aclararon después a este periódico que la idea no es cerrar la puerta a las solicitudes de personas con antecedentes penales, sino la de denegar la ayuda a quien tenga un procedimiento judicial en curso o quien se encuentre cumpliendo una pena.

Dicho de otro modo, cualquier persona imputada a la espera de un juicio no podría recibir ayudas, según la propuesta del PP, cuyas fuentes reconocían ayer que la casuística es muy amplia —¿qué ocurriría, por ejemplo, si la persona imputada es declarada inocente?— y que habría que desarrollar los supuestos.

SOS Racismo denuncia ante la Fiscalía a la portavoz del PP en Bilbao

Esta es una de las seis medidas planteadas por el alcalde de Vitoria ayer —algunas son difíciles de materializar porque implicarían reformas legales—, entre las que se encuentran otras dos que ya están en vigor en Euskadi desde diciembre: la obligatoriedad de que los perceptores de una ayuda social acepten un empleo —el rechazo ya supone la suspensión de la ayuda— y que quienes reciben ayudas estén disponibles para trabajar en labores sociales que van desde trabajos con asociaciones y ONG hasta la retirada de nieve en época de nevadas.

El PP plantea la vinculación con el empleo de las prestaciones sociales, la medida estrella de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que ha puesto en marcha en Lanbide.

Aunque el Servicio vasco de Empleo está obligado por ley a revisar cada uno de los 57.000 expedientes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) trimestralmente desde diciembre, el PP propone un plan vasco de lucha contra el fraude, con un protocolo para evitarlo, y afea que “desde la asunción [...] de estas competencias [Lanbide] no ha arbitrado ninguna medida de control del fraude”. Asimismo, insiste en crear un cuerpo de inspectores de ayudas sociales, una iniciativa que el Parlamento ha rechazado en numerosas ocasiones.

La ponencia social recoge otras medidas, como un plan contra el maltrato de mayores, la lucha contra la inmigración ilegal, o la creación del centro de recuperación e integración social de alta intensidad para maltratadas, un recurso que recoge un decreto que ni el Gobierno actual ni el anterior han puesto en marcha.

Por otro lado, SOS Racismo Bizkaia presentó ayer ante la Fiscalía de la provincia una denuncia contra la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz, por “provocación a la discriminación y al odio” a través de un folleto titulado Primero, los de Bilbao, en el que la concejala denunciaba, a juicio de la ONG, la “discriminación positiva” hacia los inmigrantes para recibir una vivienda pública. Ruiz se defendió diciendo que la denuncia "prejuzga, está fuera de lugar y carece de fundamento jurídico".