La oposición recela de la ley de RTVV por su instrumentalización política

La futura ley de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) da amparo para que Canal 9 se convierta legalmente en lo que, a juicio de la oposición, es de facto desde hace lustros: un instrumento político. “Es una ley de extrema derecha, de país totalitario, muchísimo peor que la ley de 1984”, explica Josep Moreno, portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVV en las Cortes Valencianas. “Está abocada a la instrumentalización y a seguir siendo un instrumento de propaganda”, aseguró este lunes por su parte la coordinadora de EU Marga Sanz,

En primer lugar, coinciden ambas formaciones, porque dificulta las funciones de control del Consejo de Administración. Así, sus nueve miembros (ahora 12), entre ellos el director general, serán elegidos en las Cortes por mayoría de tres quintos y en segunda ronda por mayoría simple. “Eso deja la decisión en manos del PP y de nosotros”, explica el socialista Moreno, “pero en términos democráticos es una salvajada”. Para Sanz, la ley “no contempla la presencia de toda la pluralidad” de la cámara autonómica. Sanz añade que el PP “será quien elija al director del ente en segunda vuelta y por mayoría simple de las Cortes”.

El PSPV califica la ley elaborada por el PP de “corta y pega” hecho “a toda prisa” de otras leyes autonómicas, como la catalana, la gallega o la andaluza, y en esta especie de ley Frankenstein han echado en falta importantes elementos necesarios en una auténtica televisión democrática, como el Consejo Audiovisual Valenciano, los estatutos profesionales, los consejos informativos o incluso una definición de los ámbitos de cobertura y emisión que abra la posibilidad a la cooperación con comunidades autónomas limítrofes, que por ejemplo permitirían ver TV3 en la Comunidad Valenciana o Canal 9 en Cataluña.

Moreno ya cuestionó hace días que la norma pretende consagrarse como “la amnistía del saqueo” y que insiste en la opacidad de la gestión al permitir al director general firmar contratos de cinco millones de euros “sin dar cuentas a nadie”. Por eso, recuerda ahora la contradicción que es que, después de que al PP le haya explotado el caso Emarsa, pida más poder de control para los consejos de administración pero se lo niegue a RTVV.

La ley del PP también pretende que Canal 9 pueda emitir señal en codificado, pues copia un texto de la ley de la televisión estatal RTVE de 2006 sin tener en cuenta que ese apartado ya fue modificado en 2010. Así, el anteproyecto de ley estipula que “la función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificado, de ámbito autonómico e internacional”. Y según el análisis de los socialistas, este apartado “entra en contradicción con la legislación estatal de referencia”, ya que la normativa “no permite la emisión en codificado del servicio público de comunicación audiovisual”.

Por último, se quejan tanto EU como PSPV de que el uso del valenciano solo tenga carácter “preferente” y no sea obligatorio, como sí ocurre en otras autonomías con lengua propia.

Por otra parte, los trabajadores de RTVV hacen hoy una jornada de protesta contra el ere. Incluye una huelga de 9.00 a 11.00 y de 17.30 a 19.30, y una concentración a las 10.00 en la Audiencia de Madrid, donde a esa hora declara el exdirector general Pedro García, imputado en el saqueo de Canal 9 con motivo de la visita del Papa en 2006.