El anuncio de limpieza de Fabra no será una norma en los nuevos estatutos

El PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) no pondrá ningún problema a los imputados en causas judiciales que desempeñan cargos de responsabilidad en el partido, según se desprende de la propuesta de ponencia orgánica que se debatirá en el próximo congreso regional los próximos 19 y 20 de mayo en Alicante.

El pasado 12 de abril, el presidente de la Generalitat y candidato único a la presidencia del PP valenciano, Alberto Fabra, anunció que depuraría de imputados la dirección regional del partido, lo que implicaría la salida de tres dirigentes de la etapa de su antecesor, Francisco Camps. Se trata del vicesecretario de Organización, David Serra; la tesorera, Yolanda García, y la administradora, Cristina Ibáñez, todos ellos implicados en la causa del caso Gürtel que investiga la supuesta financiación irregular del partido.

Asimismo, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sobre el que pesan varias imputaciones por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, sigue ocupando la presidencia del PP en la provincia de Castellón.

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, destacó ayer “la ejemplaridad” de la ponencia Comprometidos con el PPCV, que él mismo ha coordinado, aunque la limpieza que persigue Fabra con la depuración anunciada quedará al margen de la norma. “Eso es un plus que el presidente ha querido incorporar a su mensaje político, pero en los estatutos no hay limitación respecto a las imputaciones”.

El PP estima sobredimensionadas las Administraciones valencianas

El cierre de filas en el partido, que además tiene siete imputados sentados en los escaños de las Cortes Valencianas, lo anticipó el sábado el presidente del comité organizador del congreso, César Augusto Asencio, quien ya quiso dejar claro que éste no era un requisito en los actuales estatutos y lo circunscribió a la decisión de Fabra. El anuncio de Fabra no fue aplaudido en su día en el partido, incluso el presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, lo banalizó al asegurar que se trataba de “un tema de imagen”.

Lo que sí hará el PP, según proclama uno de los artículos nuevos de esta ponencia, es exigir a sus cargos orgánicos que publiquen la declaración de bienes en la página web del partido. “También colgaremos en la web los informes anuales de gestión, las auditorías del Tribunal de Cuentas o el perfil del contratante”, explicó Bellver. La ponencia apunta un mayor compromiso con la transparencia y propone la creación de una “Secretaría de Participación Ciudadana, Interactividad y Transparencia Democrática” que, a su vez, desarrollará un “Código de Transparencia”.

El partido también trata de conjurar la mala imagen que acompaña la gestión de los populares en la Generalitat por los abundantes casos de corrupción, como Gürtel, Brugal, Emarsa o las irregularidades detectadas en la cooperación. “Vincular la Comunidad Valenciana al despilfarro, la opacidad y la mala gestión es uno de los más grandes fraudes históricos”, recoge otra de las ponencias, Comprometidos con la Comunitat Valenciana, coordinada por Eduardo Dolón, y añade: “Hay que terminar con eso”. Para ello propone “hacer de la necesidad una virtud” y “hacer de la crisis una oportunidad”. Con todo, el texto refleja que el PP se enfrenta al reto de ser responsable en la gestión económica y presupuestaria y reclama “con respeto, pero con toda la firmeza posible, un nuevo modelo de financiación que acabe con las discriminaciones y desigualdades” de la Comunidad Valenciana respecto a otros territorios.

La ponencia incide en que una mala financiación supone un grave obstáculo para la recuperación económica, y, para alejar cualquier atisbo de nacionalismo en la reivindicación, asegura que “cuanto más se acerque la Comunidad Valenciana a la media por habitante en lo relativo a la financiación autonómica, más cerca estará España de volver a la senda del crecimiento, a la confianza en la viabilidad del Estado del bienestar y a la creación neta de empleo”.

El partido reclama, “con respeto”, un nuevo modelo de financiación

Diecisiete años después de gobernar las instituciones autonómicas, el PP considera que la Comunidad Valenciana tiene “unas Administraciones sobredimensionadas y excesivamente grandes”. Para su “modernización”, la ponencia plantea que la Administración valenciana “abandone su papel paternalista y permita que la sociedad dinamice la economía de los territorios”. Es decir, “las colaboraciones público-privadas pueden aportar mucho para que la nueva Administración confíe en la sociedad”, para lo que propone centrarse “en aquellos servicios que deben ser obligación de todos, como son la educación, la sanidad y las políticas sociales”.

En ese sentido, la tercera ponencia, Comprometidos con las personas, dirigida por Susana Marqués, hace una aproximación a las medidas que ha ido adoptando el Consell en las últimas semanas para tratar de aliviar la grave situación financiera de la Generalitat y aplicar los recortes dictados desde el Gobierno central. El PP subraya su compromiso con la “sanidad pública, universal, gratuita, equitativa de calidad, accesible para todas las personas”, pero entiende que ese sistema, que reconoce que ha suministrado “uno de los servicios más completos y avanzados de España”, ahora “debe atender a criterios de eficiencia y sostenibilidad”.

El partido reclama para sí haber marcado “la vanguardia de la colaboración público-privada” con el modelo sanitario concesional denominado Alzira, que considera una referencia “en otras regiones y países” por ser un ejemplo de eficiencia en el sector público y de potenciación del sector privado. Y en esa línea, ensalza la propuesta del modelo de “gestión compartida” que ha adoptado el Consell como una profundización en el mantenimiento de la universalidad, gratuidad y calidad en la prestación del servicio público. Un modelo que “no sólo funciona, sino que ofrece una mejor atención y una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad Pública Valenciana”.