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Europa obligará a la Ciudad de la Luz a devolver las ayudas públicas

La Generalitat invirtió más de 300 millones en los estudios de Aguamarga

La Ciudad de la Luz existe porque la Generalitat invirtió en los estudios cinematográficos de Alicante más de 300 millones de euros. La paradoja es que esas mismas subvenciones pueden suponer el final de los platós que se levantan en Aguamarga. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, le comunicó ayer al presidente del Consell que “la línea” que mantiene la Comisión Europea es que “existe una posibilidad” de que se tengan que devolver esas ayudas. El reembolso a las arcas autonómicas de ese dinero pondría en muy serio riesgo el futuro de los estudios. La Comisión Europea estudia el caso desde febrero de 2008.

Fuentes de la Generalitat se esforzaron ayer en quitar importancia al mensaje que Almunia transmitió al presidente Alberto Fabra, pero lo cierto es que este no pudo ocultar su inquietud tras la entrevista: “Eso [la devolución de las ayudas por parte de la Ciudad de la Luz] nos preocupa”. No es para menos.

La Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de crédito que tiene que afrontar por su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar la refinanciación de los mismos. El pasado jueves tuvo que ofrecer un interés del 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones. Si la Ciudad de la Luz, que es una empresa 100% pública, tiene que devolver una cifra que muy probablemente esté alrededor de los 200 millones a las arcas autonómicas, la ya maltrecha economía del Consell puede sufrir un auténtico colapso.

La decisión última de la Comisión Europea se conocerá de forma inminente, probablemente dentro de unos 30 días. Un fallo que culminará un expediente que se abrió hace algo más de cuatro años a raíz de una denuncia.

"Las noticias no son buenas"

“Las noticias no son buenas”. Alberto Fabra salió preocupado de su entrevista con Joaquín Almunia. El presidente de la Generalitat había viajado hasta Bruselas para acudir a la sesión del Comité de las Regiones donde defendió el corredor mediterráneo y enmiendas sobre la Política Agraria Común, varias de las cuales obtuvieron el respaldo de las regiones europeas. Pero el tema más urgente que llevaba en cartera era conseguir mitigar la más que probable sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la Ciudad de la Luz.

El conflicto entre los intereses de la Generalitat con Europa comenzó hace cinco años cuando dos empresas del sector cinematográfico, entre ellas la británica Pinewood, el principal estudio europeo, denunciaron al Gobierno valenciano por conceder a la Ciudad de la Luz subvenciones públicas ilegales que distorsionaban la competencia en el sector. Como consecuencia de estas denuncias la Comisión Europea inició una investigación pormenorizada con el objetivo de determinar si las ayudas eran compatibles con las normas de la Unión Europea.

Neelie Kroes, que en aquella época ocupaba el cargo de comisaria de la Competencia, ya manifestó su “preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos”. En el expediente abierto en su día por el organismo europeo los fondos públicos dispuestos se cuantificaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, que en aquel tiempo era portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, aseguró que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en las instalaciones de Aguamarga.

El expediente abierto por Europa hace años está a punto de sustanciarse y, como adelantó ayer Almunia a Fabra, las noticias no son buenas. El presidente de la Generalitat ya adelantó que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”.