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La fiscalía investigará la gestión de todas las depuradoras tras la denuncia del PSPV

Los socialistas acusan a la entidad de la Generalitat de irregularidades en las depuradoras de la provincia de Valencia

La Fiscalía de Valencia ha confirmado que se han abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia interpuesta por el PSPV-PSPV sobre las presuntas prácticas fraudulentas implantadas en las depuradoras gestionadas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar). Con la vista puesta en el saqueo de al menos 25 millones de euros en Emarsa, la empresa pública que trata las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, los socialistas vieron indicios de que el fraude en las facturas falsas, los precios inflados y la trama de empresas para desviar los fondos se podrían haber repetido en otras plantas gestionas por la Epsar. De hecho, el exgerente de esta firma José Juan Morenilla, y el exdirector de explotación Ignacio Bernácer están imputados por el juez Vicente Ríos en el caso Emarsa.

Puesta la denuncia, la Fiscalía de Valencia ha abierto las diligencias de investigación penal, y la causa la llevara Virginia Abad, la fiscal anticorrupción que ya lleva el caso Emarsa. Sin embargo, se mantiene como un tema separado mientras se investigan las cuentas y las operaciones de una empresa pública que gestiona 460 depurados y un volumen de alrededor de 500 metros cúbicos de aguas residuales cada año. Si tras las investigaciones se vieran que los hechos están conectados con el caso Emarsa la fiscalía optaría por remitir la investigación al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que indaga el fraude. Pero si no hubiera relación, se tramitaría una denuncia separada y el decano enviaría el caso Epsar a reparto y sería otro magistrado el que lo instruyera.

“Es fundamental que partamos de cero de una vez por todas y que se acabe con todos estos episodios lamentables de corrupción que han ensuciado la imagen de la Comunidad Valenciana”, se quejó ayer el secretario general del PSPV, Joaquim Puig, “los responsables han de estar donde les toca, pagando lo que han robado y pagando las penas que el Código Penal exige”, añadió. Puig se alegró de que el ministerio público se haya decidido a investigar el caso: “Es una decisión acertada”.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Martínez, secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, señaló ayer que la fiscalía les da la razón en sus “sospechas” de que el caso Emarsa es “sólo la punta del iceberg de un caso que podría ser de corrupción generalizada en todas las depuradoras”.

A juicio de Martínez, “es necesaria la implicación de la Epsar para entender el saqueo de Emarsa”. La diputada Martínez habla de “toda una trama que nos parecía que podía tener cierta verosimilitud en que hubiera una connivencia generalizada”. La fiscalía, al parecer, intuye lo mismo.