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La Comunidad cierra dos centros de día de mayores en Carabanchel y Leganés

La empresa que los gestionaba está intervenida por la Seguridad Social por deudas Vigilantes impiden a los trabajadores entrar a la sala, ya con las cerraduras cambiadas

Elena G. Sevillano
Varios trabajadores, a las puertas del centro de día Puente de Toledo.
Varios trabajadores, a las puertas del centro de día Puente de Toledo.ALVARO GARCÍA

Los 20 usuarios que tenía el centro de día para mayores de Puente de Toledo, en el distrito de Carabanchel de Madrid, han empezado hoy una nueva etapa en la Gran Residencia, también en ese distrito pero ya en otro barrio. El centro, abierto desde 1993, en el que personas mayores con movilidad reducida o con enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, pasaban las mañanas haciendo gimnasia, manualidades o leyendo, se cerró el lunes pasado. La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid envió unas furgonetas a por los expedientes, cambió las cerraduras y acabó, no se sabe si de manera temporal o definitiva, con un servicio con casi 20 años de antigüedad.

Los familiares de los usuarios se enteraron del cambio la semana pasada, algunos de ellos el miércoles. Una llamada telefónica les avisó del cierre del centro de Puente de Toledo. “No nos dieron ninguna explicación”, asegura la hija de una nonagenaria con problemas de movilidad que llevaba años acudiendo al servicio. El de Carabanchel no es el único centro cerrado: ha ocurrido lo mismo con el de Leganés II. En este caso, los usuarios han sido trasladados a dos centros distintos en la misma localidad.

Además de los mayores, que han tenido que trasladarse, los cierres han dejado en la cuneta a dos decenas de trabajadores de la empresa Aser, con la que la Consejería de Asuntos Sociales tenía concertado el servicio. A las diez de esta mañana los 11 empleados de Carabanchel han acudido como todos los días a su trabajo. Se han encontrado con dos vigilantes de seguridad en la puerta que les impedían el paso. El centro sigue siendo su puesto de trabajo, puesto que la empresa aún no les ha despedido. El contrato de Aser con la Comunidad de Madrid en estos dos centros de Carabanchel y Leganés II acabó el 30 de abril pasado. Ni se ha renovado ni se ha sacado nuevo concurso para que otra empresa se haga cargo.

La policía impide el acceso a los empleados.
La policía impide el acceso a los empleados.ÁLVARO GARCÍA

La Consejería de Asuntos Sociales asegura que no puede prorrogar a una empresa intervenida por la Seguridad Social por sus deudas. “Queremos atender a los mayores lo mejor que podamos”, señala una portavoz. Lo cierto es que la situación de Aser, que lleva más de un año con problemas para pagar a sus trabajadores, era conocida hace tiempo por la Consejería. “Nos han llegado a deber cuatro nóminas, de tres meses más la extra”, decía esta mañana una trabajadora. Ante la amenaza de huelga, la empresa pagó, pero ahora los empleados aseguran que les vuelven a deber tres meses de sueldo. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Aser. “No hacemos declaraciones”, se ha limitado a repetir esta mañana la persona que coge el teléfono en la centralita, que se ha negado a trasladar la petición de información a un responsable.

A los trabajadores del centro de Carabanchel se les han unido esta mañana en la puerta usuarios del centro de mayores, que sigue manteniendo abiertos otros servicios como la cafetería o la peluquería. Ante la negativa a dejarles entrar a su puesto de trabajo, han llamado a la Policía. Seis agentes han mediado con la dirección del centro, que finalmente ha accedido a dejarles entrar uno a uno, acompañados por un guardia de seguridad, a recoger las pertenencias que tenían en la taquilla o en la sala de rehabilitación. Entre los afectados hay conductores y auxiliares de ruta que recogen a los mayores en sus casas y los llevan al centro, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas…

“Nos avisaron por teléfono antes del puente y sin dar ninguna explicación. Pensé que contratarían a otra empresa, pero no ha sido así. El traslado era a la Gran Residencia, en General Ricardos, donde meten a 20 mayores más con el mismo personal”, señala la hija de una usuaria, que prefiere que no aparezca su nombre para no causar problemas a su madre. “Son personas mayores que se desubican con facilidad. Tienen que empezar de nuevo en otro ambiente, con otros compañeros y otros trabajadores. Si sabían que la empresa estaba en esta situación, la Consejería tendría que haber resuelto antes el problema”, añade. Trabajadores y usuarios del centro de Carabanchel sospechan que la Comunidad de Madrid aprovechará para cerrar los dos centros y reubicar permanentemente a los usuarios en las otras instalaciones. La decisión sobre si el cierre es temporal o permanente aún no está tomada, aseguran en Asuntos Sociales.

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La federación de Sanidad de CC OO Madrid acusa a la Comunidad de Madrid de “falta de responsabilidad”. “El origen de esta preocupante situación está en el grupo Aser, empresa que la Administración ha seleccionado en diferentes concursos, pese a conocer su falta de solvencia y estar intervenida por los impagos a la Seguridad Social”, asegura Marga Enderiz, la portavoz del sindicato. La Comunidad, añade, “se desentiendo y no asume responsabilidad alguna con respecto a los trabajadores”. La empresa Aser gestiona ocho centros de día públicos de la Comunidad de Madrid y sus 100 trabajadores están en huelga indefinida desde el 11 de abril por el impago de sus salarios.

“Para CC OO Madrid es inaceptable que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adopte políticas de recortes en la dependencia de esta forma tan mezquina, cerrando dos centros de día y reubicando a sus 55 usuarios en otros centros, con el consiguiente hacinamiento y deteriorando así la calidad asistencial a estas personas mayores”, añade el sindicato, que augura más problemas, puesto que el concierto del resto de los centros con Aser termina el 31 de mayo. CC OO ha convocado una concentración esta tarde, a las 18 horas, frente a la Asamblea de Madrid, en la que se estará celebrando el pleno.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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