El juez del ‘caso Emarsa’ indaga qué se hizo con los lodos de la depuradora

Vicente Ríos, el juez que instruye el caso Emarsa, en el que investiga el saqueo de al menos 25 millones de euros de la empresa pública que trata las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, quiere saber qué se hizo realmente con los lodos resultantes de la depuración, cuya gestión a costes elevados constituyó una de las vías para desviar el dinero.

Para lograrlo, el magistrado ha solicitado a la firma Adobs Orgànics, SL, la empresa que realmente trataba los lodos a pesar de que a Emarsa le facturaban otras firmas pertenecientes al imputado José Ignacio Roca, una batería de documentos sobre la actividad de la firma. Ríos se ha interesado por los agricultores que querían recibir el lodo para abonar sus tierras, los datos catastrales de las fincas, los documentos sobre la recogida de muestras de las tierras para ver si los lodos eran aptos, los análisis de las muestras, los cálculos de las cantidades a aplicar… Incluso pide a Adobs que se faciliten los permisos escritos dados por los agricultores.

Ríos, que ya solicitó en enero una fianza de 2,7 millones de euros para el imputado Vicente Ros, ha ordenado el embargo de sus bienes ya que el afectado no ha señalado en estos meses los bienes suficientes para cubrir la cantidad fijada. Ros es uno de los responsables de Notec, una firma que facturó 5,5 millones a Emarsa y que, según las investigaciones, infló el precio del tratamiento de lodos hasta 42 euros, cuando la empresa que realmente los trataba, Adobs, cobraba solo 18.

Entre los bienes embargados a Ros el juez ha señalado tres fincas urbanas, otras dos fincas rústicas, un garaje y un trastero. Ríos también ha ordenado el embargo del saldo de sus cuentas corrientes, de tres planes de pensiones, las participaciones sociales en dos empresas, los alquileres cobrados a varias empresas, su salario y hasta la devolución de Hacienda correspondiente al ejercicio de 2010.

Por otra parte, los grupos parlamentarios han redactado sus borradores de conclusiones para la comisión de investigación del escándalo de Emarsa. Los socialistas apuntan directamente a responsables políticos del saqueo de la empresa pública y piden que se cree una comisión “seria y de verdad” sobre la Entidad Pública de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat y cuyo exgerente y exdirector de explotación, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, han sido imputados.

Sin embargo, el PP, en un escueto borrador, limita la “responsabilidad política” de lo ocurrido a los tres principales imputados, el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente, Esteban Cuesta, y el director financiero, Enrique Arnal. El PP no solo rechaza ir más allá en la exigencia de responsabilidades, sino que llega a atribuir a Ramón Marí y Joan Antoni Pérez, miembros del consejo de Emarsa en representación del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida, de no haber actuado “dentro del plazo y la forma convenientes” ante la existencia de sospechas.

El diputado socialista Rafael Rubio criticó con dureza la propuesta del PP y el hecho de que aún no se haya encargado el informe jurídico sobre la inasistencia de José Juan Morenilla a la comisión, que lo citó a comparecer. Juan Cotino, presidente de las Cortes, “trata de proteger a Morenilla”, dijo Rubio, que recordó que Morenilla era gerente de Epsar con Cotino como consejero y presidente de la entidad.