Euskadi abre el primer servicio autonómico contra los desahucios

El Gobierno vasco ha presentado esta mañana en Vitoria el servicio para tratar de evitar desahucios entre las familias de Euskadi, una situación que se ha duplicado en los últimos cuatro años. Se trata del primero de estas características del Estado y en él trabajarán desde hoy tres departamentos: Justicia, Vivienda y Consumo. El servicio priorizará las acciones hacia las personas que se encuentren inmersas en una situación de endeudamiento hipotecario de su única vivienda.

El objetivo del servicio es triple: la prevención de este tipo de situaciones, la mediación con los bancos cuando no sea posible encontrar una solución pactada entre el particular y las entidades, y la protección de las familias que han sufrido una ejecución hipotecaria y se han quedado sin hogar. En definitiva, busca convertirse en un “auténtico salvavidas” para las familias endeudadas, según la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia.

La mediación será "voluntaria y gratuita", según la consejera  de Justicia, Idoia Mendia

De este modo, el Instituto vasco de Consumo, Kontsumobide, contará con un servicio en las oficinas de las tres capitales para asesorar a las familias que quieran pedir una hipoteca, “la mayor inversión de su vida”. Ana Collía, directora de Kontsumobide, ha explicado que evaluarán su situación y les darán pautas para controlar la hipoteca porque “las trabas empiezan con las pequeñas letras”. Para quienes tienen dificultades en el pago de su crédito con los bancos y han fracasado en el intento de alcanzar un acuerdo, Justicia ha puesto en marcha un servicio de mediación con economistas profesionales.

La mediación será “voluntaria y gratuita”, ha aclarado la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y estará abierta a quienes tengan un crédito hipotecario inferior a los 350.000 euros. Los mediadores estudiarán la capacidad económica de la familia deudora y harán al banco una propuesta de liquidación de la deuda que sea realista para los hipotecados. También se barajarán cuestiones como la dación en pago o la posibilidad de que la familia no abandone la vivienda y siga en ella en régimen de alquiler.

Mendia ha explicado que trabajan para cerrar un “acuerdo de mínimos” con las entidades financieras para facilitar cuestiones como la entrega de información relativa al crédito en cuestión a los mediadores.

Finalmente, para aquellas familias que sufran una ejecución presupuestaria, habrá varias vías. La primera, destinada a familias en riesgo de exclusión social, será la posibilidad de ofrecerles en un plazo corto una vivienda de protección social en régimen de alquiler, tal y como avanzó este periódico. La segunda, la inclusión dentro de los baremos del Departamento de Vivienda de puntos para familias que hayan sido desahuciadas, dándoles facilidades para que accedan a una VPO. La tercera, la recompra de las VPO a las familias que no puedan hacerse cargo de los pagos.

El Ejecutivo vasco no ha realizado estimaciones de cuántas personas atenderá el servicio contra los desahucios ni cálculos sobre posibles reducciones de desahucios en Euskadi.