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Barberá intimida con los tribunales para evitar la relación con Emarsa

El juez del caso indaga el pago de comisiones al exgerente Esteban Cuesta

La mayoría popular en el Ayuntamiento de Valencia descartó ayer personarse como acusación particular en el juicio contra los responsables del agujero en Emarsa, como defendió Compromís en el pleno municipal de ayer. "Tienen una emoción interior por pensar que me pueden enganchar... Pues, miren, no", dijo la alcaldesa Rita Barberá, tras oír la propuesta de Joan Ribó, y amenazó con llevar a los tribunales a quien le acuse de haber robado en Emarsa. “Cuando termine la instrucción del caso, me dirigiré al juez para defenderme”, advirtió a los grupos de la oposición.

Ribó apeló a la responsabilidad política de Barberá en todo este asunto: “Lo único que ha dicho es que ella no ha sido”. Y volvió a insistir en que Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y uno de los principales imputados del caso, era un cargo del PP local, alcalde pedáneo con Barberá en la alcaldía, y dos de los concejales del gobierno de Barberá —Silvestre Senent y José Vicente Jurado— estuvieron en su día al frente de la depuradora. “Yo por lo que tengo emoción es por que Valencia no se vea implicada en casos de corrupción”, replicó Ribó, quien propuso a la alcaldesa que reclame, a través de la personación, el cánon de saneamiento que los vecinos pagan de más por una gestión supuestamente fraudulenta.

Con parecidos argumentos, el edil socialista Pedro Sánchez pidió a Barberá que acuda a la comisión de investigación en las Cortes. “No es una cuestión de persecución política sino de responsabilidad”, añadió. El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, remachó que las instituciones no pueden dar la espalda a un caso de corrupción en una empresa pública.

Grau dice que el Consistorio no es

un perjudicado directo del caso

Alfonso Grau, portavoz del PP, se escudó en cuestiones técnicas. “Lo que piden es jurídicamente imposible porque para personarse hay que ser perjudicado directo en la causa y el ayuntamiento no lo es”, apostilló. “Si alguien defraudó fue al EMSHI, no a los ciudadanos y la entidad está personada”, insistió. El número dos de Barberá redujo la moción y la petición de explicaciones de la oposición a un intento de la oposición de “involucrar” a Barberá en el escándalo porque no pueden derrotarla en las urnas.

"¿El Ayuntamiento no paga acaso

el agua y el canon?”, replica Ribó

“Ah¡ ¿Ustedes no pagan acaso el recibo del agua o el canon de saneamiento, igual que todos?, replicó Ribó al portavoz popular. En el caso Emarsa hay 16 imputados y unos 25 millones de euros supuestamente estafados..

Prosigue la investigación

Fuera del Consistorio se conocía un nuevo auto del magistrado que instruye el caso, Vicente Ríos. Las declaraciones de un arrepentido de la trama que desvió caudales públicos de Emarsa efectuadas el pasado 2 de marzo en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia han abierto una nueva vía de investigación para constatar el cobro de comisiones ilegales por parte de los gestores de la empresa pública, centradas en principio en Cuesta. El juez ha tomado buena nota de la confesión del imputado Sebastián García Martínez, que fue proveedor de la empresa a la vez que empleado.

En su confesión aseguró que Cuesta le exigió “un peaje” económico, que se sustanció en el pago de 4.000 euros mensuales además de “una especie de comisiones en función de las cantidades que se fueran facturando”.

Ríos ha pedido a las compañías telefónicas Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo datos sobre los números de teléfono e identidades de los usuarios de cinco terminales de teléfono identificados con sus correspondientes números IMEI (International Mobile Equipment Identity), un código que identifica al aparato a nivel mundial cada vez que se conecta a la red tanto para hacer llamadas como mensajes. Los números aparecían en algunas facturas que entregó García Martínez al juez el día que prestó declaración.

García Martínez también declaró que “los responsables de Emarsa exigían comisiones del 60%”. Y añadió que por ese sistema había entregado a los gestores unos 1,8 millones de euros en comisiones. García Martínez está imputado por haber facturado 8,8 millones de euros por suministros y servicios falsos. Ateniéndose al 60%, mediante ese sistema se podrían haber desviado de Emarsa solo a través de este proveedor 5,3 millones de euros.

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