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Las asociaciones piden en el Parlamento que no prescriban los delitos

Reoresentantes de las asociaciones Sos Bebés Robados y Anadir comparecen ante la comisión especial del Parlamento

Fernando Sotilla (a la izquierda) y Antonio Barroso (a su lado), miembros de Anadir, en la Cámara.
Fernando Sotilla (a la izquierda) y Antonio Barroso (a su lado), miembros de Anadir, en la Cámara.L. RICO

“La mujer era señalizada desde que estaba embarazada, desde que entraba en el hospital, la ingresaban por distrofia social, como cuando no tenían medios económicos, aunque eran madres de clase mayoritariamente trabajadora, se las dormía en el proceso del parto y, si no daba tiempo, salían corriendo con el niño para que no le oyeran llorar; avisaban al padre para que diera la noticia a la madre, les enseñaban un bebé momificado y el hospital se encargaba del entierro pese a no tener competencias”. Ese el relato que, según la asociación Sos Bebés Robados Euskadi, se repite en la mayoría de los casos. La comisión especial que los analiza en el Parlamento escuchó ayer a las dos asociaciones de afectados como punto de partida de sus trabajos.

 Pese a la mayor implicación de las instituciones como el Gobierno vasco, que ha creado una comisión interdepartamental específica, las dos asociaciones volvieron a plantear los mismos obstáculos que enumeraban meses atrás. Ambas coincidieron en apuntar al “muro que tenemos de la prescripción” de los delitos. En Bizkaia, explicaron, se están archivando muchos casos y la fiscalía está recurriendo esta decisión. Sin embargo, “la palabra final la tiene un juez, a pesar de que los fiscales estén coordinados” para tratar de evitar los archivos por la prescripción de los supuestos delitos. Antonio Barroso, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), reconoció que “tiempo tenemos poco, porque las religiosas se hacen mayores, trabajamos contrarreloj”. “Hay muchas monjitas que tienen sus libretitas apuntadas a quién vendían los niños y por cuánto”, añadió. Los obstáculos para encontrar historias clínicas de hospitales privados que han desaparecido o la interpretación de la Ley de Protección de Datos son algunas de las trabas que se mantienen. Ambas organizaciones pidieron que se realice un protocolo claro para que las familias puedan indagar, porque ahora “dependemos de la buena voluntad de los funcionarios”.

“Hay monjas que apuntaban a quién vendían los bebés”, asegura Anadir

Desde Sos Bebés Robados explicaron que, si según el Instituto Nacional de Estadística en 1976 hubo 89 fallecimientos de bebés de menos de un día de vida, solo en tres cementerios de Gipuzkoa se han registrado más de 200. Ambas asociaciones consideran que sí existieron tramas en el sentido de que participaron en los casos trabajadores de distintas instituciones.

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