El Gobierno vasco prestará toda su colaboración para desarrollar el plan

El Gobierno vasco transmitió ayer una primera impresión netamente positiva del anuncio del ministro del Interior. Las fuentes consultadas consideraron acertada la iniciativa y creen que encaja perfectamente con las propuestas que realizó el lehendakari, Patxi López, en el pleno de política general de septiembre pasado y con su reclamación, reiterada desde un mes después, cuando ETA anunció el cese de la violencia, de impulsar una política penitenciaria flexible y adaptada a la nueva situación.

El Ejecutivo autónomo, cuyo consejero de Interior, Rodolfo Ares, habló por la mañana con el ministro, prestará toda su colaboración y “ayudará” a la puesta en marcha del plan, según dichas fuentes. El PSOE ya ha reiterado en otras ocasiones que apoyará al Gobierno en la política antiterrorista, y en este sentido volvió a manifestarse la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.

López, quien ayer participó en Gernika en los actos oficiales conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika, delegó la reacción en su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza, a través de quien ha realizado, incluso desde antes de institucionalizar esta figura, gestiones discretas sobre esta cuestión con el ministerio. Loza había trabajado ya intensamente en la vía Nanclares en colaboración con el Ejecutivo de Zapatero y conoce personalmente a varios de los presos que se están reinsertando.

“Es un paso positivo y un avance en la buena dirección”, dijo Loza. El comisionado añadió que otro paso importante "que favorecería mucho a los presos” sería la disolución de la banda. Loza resaltó el contrasentido de que Batasuna haya “acatado la legalidad cumpliendo la ley de Partidos” para poder estar en las instituciones y, en cambio, impida a los presos acatar esa misma legalidad. Con ello les cierra el camino, ha advertido, al "inicio de un itineraria que, en el tiempo que sea, mejoraría claramente su situación". El comisionado ha reiterado que la palabra clave es "reinserción" y que esta será individual y ajustada a la legalidad y el Estado de derecho. "Todos y cada uno de los presos" tendrá que hacer de modo individual su incorporación al programa.

Urkullu: “Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias”

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien juega un papel básico en la formación de la política de su partido sobre el final de la banda, enfatizó en Bilbao que el plan es “constitucional”, porque “siempre ha existido la posibilidad de que un preso rompa con el pasado, se arrepienta y colabore con la Justicia”. Y apostilló que no va a significar “impunidad para los presos ni que los asesinos salgan gratis a la calle”.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, le ve, en cambio, “una arista, que es la interpretación del perdón [a las víctimas], cuestión que merecería la pena revisar en el plan, ya que se trata de una cuestión muy personal”.

“Debemos dar entre todos los pasos, debemos ayudar entre todos, siendo muy conscientes de las circunstancias que afectan a unas y otras partes”, abundó Urkullu en declaraciones a la SER.

Del lazo independentista llegaron las críticas. La izquierda abertzale censuró el plan en un comunicado. “Una vez más, el Gobierno español del Partido Popular hace oídos sordos y desprecia la exigencia de la sociedad vasca para que de una vez por todas cese la criminal política penitenciaria que se aplica a los presos políticos vascos”, rezaba el texto. "La sociedad vasca exige que de forma inmediata y definitiva se deje de aplicar a los presos políticos vascos una política inhumana de excepción", agregaba.

El diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, de Bildu, no vio avances “sustanciales” en el nuevo plan. En declaraciones a los medios también en Gernika exigió “la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de quienes han cumplido las tres cuartas partes de su condena y de los enfermos”. A su juicio, “una sociedad normalizada políticamente no puede sostener 700 presos políticos” y el Gobierno sigue “anclado en el inmovilismo”.