Seis años de cárcel para el expresidente de la ONG Anesvad

Seis años de cárcel. Esta es la pena impuesta por la Audiencia de Bizkaia al expresidente de la ONG Anesvad —con sede en Bilbao—, José Luis Gamarra, por un delito continuado de apropiación indebida de fondos de la entidad entre 1996 y 2006. En total, se adueñó de algo más de 7,5 millones de euros procedentes de aportaciones de socios, colaboradores y donaciones, según la sentencia. El condenado ha devuelto ya unos 4,3 millones, lo que ha sido tenido en cuenta por el tribunal como atenuante. El fallo obliga también a Gamarra a devolver a la organización el resto del dinero sustraído, unos 3,2 millones, y a pagar una multa de 12 meses a razón de 50 euros al día —18.250 euros—.

Los otros dos acusados en el caso, el exdirector general de la ONG, José Miguel Sustacha, y el exdirector financiero, Francisco Martínez, han sido condenados a 21 meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida con falsedad en documento mercantil. Dado que ambos carecen de antecedentes penales, no ingresarán en prisión. Se trata de penas rebajadas porque los dos han devuelto lo robado,

Gamarra dispuso de fondos de cuentas  contabilizadas en Anesvad para destinarlos a usos particulares

263.000 euros en el caso de Sustacha y 304.000 en el de Martínez. La sentencia puede ser recurrida ante el Supremo.

La Audiencia vizcaína considera probado que Gamarra mantuvo “abiertas y operativas” varias cuentas bancarias entre 1996 y 2006 sin que ninguna de ellas estuviera reflejada en la contabilidad de Anesvad, a pesar de que las más antiguas se utilizaban para recibir donativos para proyectos. La característica común de todas estas cuentas era, según el fallo, “su carácter opaco”. Asimismo, la sentencia concluye que el acusado utilizó fondos de otras cuentas que sí figuraban contabilizadas en Anesvad para “usos particulares y ajenos a los fines propios de la Fundación”. Con parte de este dinero, el acusado pagó su vivienda habitual en la Gran Vía de Bilbao —una zona cara— y un vehículo para su sobrina. También otorgó gratificaciones y dio créditos sin interés a trabajadores de la ONG —durante el juicio, empleados de confianza de Gamarra aseguraron que habían sido premiados hasta con la compra de coches—. Además, realizó otros gastos personales y distintas inversiones. En total, las cantidades “dispuestas ilícitamente” ascienden a algo más de 7,5 millones de euros, concluyen los magistrados.

Los fondos que utilizó Gamarra provenían de aportaciones de socios y colaboradores de Anesvad —ya fuera para “operaciones genéricas” o para proyectos concretos, como Leprosería Culión, en Filipinas o Misión China— y de donaciones, incluidos 983.605 euros de una cuenta en Suiza que un particular dejó en herencia a la organización y que Gamarra traspasó a otra cuenta a su nombre en ese mismo país.

El condenado se presentó durante el juicio como una víctima. “No solo no me he apropiado de ningún euro de Anesvad, sino que me ha costado dinero y 40 años de mi vida, para acabar en la cárcel”, manifestó. El tribunal estima que, aunque el responsable de la ONG no se hubiera enriquecido —algo que no contempla—, esto no evitaría un delito de apropiación indebida, ya que “hubo un perjuicio” para el titular de esos fondos —Anesvad— y el dinero “no se utilizó para los fines con los que fue donado”. Los magistrados aplican a Gamarra dos agravantes: delito continuado y que este se cometiera sobre “bienes de reconocida utilidad social” que debían ser destinados a proyectos humanitarios.

Durante la vista oral, a preguntas del Ministerio Público sobre su forma de ganarse la vida, Gamarra dijo proceder de una familia “de mucho dinero”, por lo que no cobró “ni un duro” durante las casi cuatro décadas que estuvo al frente de Anesvad. “Las cuentas de la Fundación están impolutas. Nunca me he enriquecido con ellas”, se defendió. Lo único que reconoció es que había recurrido a fondos de la organización para realizar movimientos bancarios e inversiones en proyectos solidarios, pero “siempre dando parte al patronato de Anesvad”.

Los actuales gestores de la ONG acogieron “con satisfacción” la resolución judicial y desearon “que se cumpla” para que el dinero robado “pueda destinarse al cumplimiento de su fin social”. Recordaron que la organización ha estado personada como parte perjudicada “desde el principio”.