Recortes y universidades

Los recortes que estamos viviendo en el gasto y los servicios públicos son poco inteligentes y justificables. Primero, porque la prisa con la que Bruselas y Berlín nos obligan a recortar el déficit es una medicina inapropiada para un paciente como la economía española, con una muy débil demanda y víctima de una ya larga recesión. Lo que tocaría hacer es dar más tiempo para volver al déficit del 3%, aprobar estímulos fiscales en los países con mejor posición, empezando por Alemania, y contar con un Banco Central Europeo más activo e intervencionista. La posibilidad de cambio político en Francia posibilita que la necesaria estabilidad presupuestaria no siga aplicándose desde el dogma.

Segundo, la Administración central podría poner encima de la mesa soluciones distintas para cumplir los objetivos de déficit. Con un gasto público bajo en perspectiva internacional, lo lógico sería actuar más por el lado de los ingresos y menos recortando gasto. Incluso por el lado del gasto sería más razonable blindar educación e I+D+i y recortar obras de infraestructura en curso. Es menos grave que el AVE tarde dos años más en llegar a destino que desmantelar un laboratorio, cancelar contratos de investigadores o cercenar los recursos humanos de los colegios. Lo primero es recuperable. Lo segundo, no. La educación de las personas y la ciencia responden a procesos de maduración lenta que exigen estabilidad. No es bueno el cambio continuo de las leyes educativas y las que afectan a la ciencia. Es peor que su soporte financiero sea variable e impredecible.

Tercero, no es razonable que para la sanidad y la educación se impongan soluciones homogéneas para todas las comunidades autónomas (CC AA). En ambos casos, se trata de competencias que se alimentan de los presupuestos autonómicos. Todo el mundo sabe que la situación financiera de las diversas CC AA es muy diferente. Hay quien está con déficit muy por encima del límite pactado y quien está por debajo. Galicia no necesita lo mismo que Castilla- La Mancha. Aquí los ajustes comenzaron en 2009 y la Xunta repite por activa y por pasiva que la situación está controlada. Si es verdad, y yo quiero creerlo, no necesitamos el decreto publicado el sábado pasado. En cada territorio deberían aplicarse las medidas oportunas. Eso sería el respeto al autogobierno y la comprensión de sus implicaciones: los costes políticos de los ajustes deben asumirlos los titulares de la competencia respectiva. Las soluciones uniformes van en contra de la cultura federal y en contra de los intereses electorales de Alberto Núñez Feijóo. El activo principal de su gestión en materia económica, el rigor presupuestario, se queda en nada si cuando toca disfrutar de sus ventajas, se imponen las mismas obligaciones que a los demás. La Xunta debería forzar cambios en el decreto para incorporar modulaciones en su aplicación.

Todo lo anterior no significa que haya que defender el inmovilismo y el statu quo. En particular, el sistema universitario gallego tiene desafíos ante sí que van más allá de la crisis presupuestaria. Para sintetizar, hablaría de tres. En primer lugar, la especialización. No es ningún problema tener siete campus. Lo malo es que no estén especializados y no busquen la complementariedad. Dicho en otras palabras, es claramente preferible siete campus con perfil claro y un mapa de titulaciones diseñado con sentido de país, que tres campus idénticos en su oferta. En segundo lugar, los incentivos. La cultura del café para todos, del igualitarismo mal entendido, genera resultados ineficientes. Es bueno que se hable abiertamente de perfiles investigadores y docentes del personal, de cumplimiento de objetivo y rendición de cuentas, de rankings… Hay que discriminar. En tercer lugar, internacionalización como medio y como fin. Sobre esto sobran explicaciones.

Proyectos como "campus vida" en Santiago, "campus do mar" en Vigo o "campus da auga" en Ourense son el futuro. Apostemos por ello.