Los socialistas llevan al fiscal toda la depuración de aguas valenciana

“El de la depuradora de Pinedo no es un caso aislado”, ha señalado esta mañana la diputada socialista y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Carmen Martínez. “El caso Emarsa ya es el caso Epsar”. Martínez ha anunciado en las Cortes Valencianas que su grupo presentará hoy o mañana una denuncia ante la fiscalía de Valencia sobre todo el sistema de depuradoras gestionado por la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente, José Juan Morenilla, y exdirector de explotación, Ignacio Bernácer, están imputados por el juez Vicente Ríos, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha revelado que Enrique Albors Camps, actual gerente de la depuradora de Pinedo, cuya explotación se otorgó a Aguas de Valencia tras la liquidación de la sociedad pública Emarsa, procede de Incivsa, SL, empresa que en unión temporal con Iva Leying tiene adjudicado el control y la supervisión de la explotación de depuradoras de la zona 3, que incluye la planta metropolitana de Valencia. También está en esa UTE Juan Carlos Girbés, una persona vinculada asimismo a Aguas de Valencia, la empresa explotadora de Pinedo. Otra relación que ha destacado es la de Consomar y Red Control, empresas relacionadas por la presencia en ambas de Miguel Ángel Martínez Muro, que a su vez es hermano de José Luis Martínez Muro, la persona que sustituye a Morenilla al frente de la Epsar como gerente. Un hermano habría participado, por tanto, en la concesión de zonas de control a sociedades en las que participa el otro.

La diputada ha explicado que las empresas que estuvieron encargadas del control de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo millonario que investiga el juzgado número 15 de Valencia, precisamente Consomar, hasta 2005, y Red Control, hasta 2009, han vuelto a ser adjudicatarias a partir de 2009 de la supervisión de depuradoras en otras zonas pese a lo ocurrido.

“El mismo patrón de Emarsa se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema”, ha destacado Martínez, quien ha explicado a los periodistas un gráfico en el que se revelan las conexiones entre empresas explotadoras y empresas controladoras de las depuradoras y en el que se refleja un reparto en la explotación de las estaciones de depuración en el que Aguas de Valencia cuenta con el 52%, Facsa con el 25%, Aguas de Barcelona con el 15% y otros, como Aqualia o Lubasa, con el resto. A facsa es precisamente donde se fue a trabajar José Juan morenilla cuando dimitió como gerente de la Epsar tras estallar el escándalo de Emarsa. La diputada socialista recordó que desde la entidad dependiente de la Generalitat Morenilla otrogó contratos a Facsa por más de 30 millones de euros.

La parlamentaria del PSPV-PSOE señaló que en el sistema que su partido denuncia ante la fiscalía Morenilla “ha manejado unos 4.000 millones de euros” y que “al menos tres de los cinco principales imputados del caso Emarsa” han declarado ante el juzgado que las irregularidades se extendían a la gestión de las depuradoras desde la Generalitat. Esas irregularidades, en el caso de Emarsa, consistían presuntamente en que desde la Epsar se hinchaban los precios que la Generalitat pagaba a la sociedad pública dependiente de la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi) por el tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha vuelto a insistir en la responsabilidad que el que fuera consejero de Meido Ambiente y hoy es presidente de las Cortes, Juan Cotino, tienen en lo ocurrido y ha ido. Incluso, más allá, ya que ha señalado que Manuel Reyes, de la UTE Iva Leying-Incivsa, que tiene hoy en día adjudicado el control de la depuradora de Pinedo, está vinculado con las empresas de la familia Cotino. El actual presidente de la Cortes era el consejero del área y, por tanto, presidía la Epsar cuando se concedió a esa UTE la supervisión de la zona 3.

“Desde la Epsar no sólo se gestionó Emarsa”, ha apuntado Martínez. “La entidad gestiona la 460 depuradoras valencianas”. En su opinión, la negativa del PP a que comparezcan ante la comisión de investigación de Emarsa los responsables políticos y el rechazo a que se estudie en ella la documentación de la Epsar “inducen a pensar que se están ocultando muchas cosas”.

Los socialistas optan por llevar a la fiscalía sus sospechas de que se han inflado los costes de la depuración de aguas en otras depuradoras porque consideran que el juez Vicente Ríos centra su trabajo sobre el caso Emarsa.