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Parlamento

La Ertzaintza impide una huelga de hambre por el juicio contra D3M

La policía desaloja a tres simpatizantes de la izquierda 'abertzale' por orden de Arantza Quiroga

'Ertzainas' de paisano desalojan a tres simpatizantes de la izquierda 'abertzale' de la oficina de Aralar en el Parlamento. Ampliar foto
'Ertzainas' de paisano desalojan a tres simpatizantes de la izquierda 'abertzale' de la oficina de Aralar en el Parlamento.

Los tres simpatizantes de la izquierda abertzale que esta misma mañana han anunciado que inician una huelga de hambre en los despachos de Aralar como protesta por el juicio de D3M han sido desalojados por orden de la presidenta, Arantza Quiroga, a la una y cuarto de esta mañana por agentes de paisano de la Ertzaintza. Los huelguistas se han negado a dejar las dependencias parlamentarias por su propio pie, por lo que han sido desalojados contra su voluntad pero sin oponer resistencia.

Entre los concentrados figuraba la alavesa Amparo Lasheras, la única de los tres imputada en la causa, además de Txema Bolinaga e Imanol Olabarria, quienes dieron cuenta de la protesta que iban a protagonizar en una comparecencia que se ha celebrado en la sala de presna de la Cámara autonómica, acompañados por los parlamentarios de Aralar Mikel Basabe, Dani Maeztu y del representante de EA Juanjo Agirrezabala.

Acto seguido, los tres simpatizantes han iniciado un “ayuno” en las oficinas de Aralar en el Parlamento que pretendían mantener hasta el próximo viernes. Una hora después de iniciarse la protesta, más de una docena de agentes de paisano de la Ertzaintza, cumpliendo una orden de la presidenta del Legislativo, han procedido a su desalojo en contra de la voluntad de las tres personas, aunque estas no se han resistido.

Los concentrados protestaban por la decisión judicial de impedir que la plataforma electoral D3M y Askatasuna concurrieran a las elecciones autonómicas de 2009. El ayuno tenía la finalidad de reclamar la suspensión del juicio que se va a celebrar por esta causa a partir del próximo 3 de mayo. La Fiscalía solicita que se imponga a los 13 procesados penas de entre siete y diez años de prisión por pertenencia o colaboración con organización terrorista.