Las claves del auto

El auto de ingreso en prisión del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández dibuja el descontrol que se vivió en este departamento a lo largo de casi una década (entre 2000 y 2009). La juez Mercedes Alaya señala directamente a Fernández y apunta también al otro consejero de Empleo en esa etapa, José Antonio Viera, diputado socialista. Sobre él se estrecha una investigación que puede acabar en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Viera. Estas son las claves del auto de Alaya:

1. La juez sostiene que en 2001 Fernández, entonces viceconsejero de Empleo, firmó con Viera (titular del departamento) el convenio marco que puso en marcha el fondo de los ERE con el fin de "eludir ilícitamente " los importantes controles de la Intervención de la Junta de Andalucía. Fernández, que luego fue consejero de Empleo entre 2004 y 2009, dio 837 ayudas sociolaborales que sumaron 395 millones de euros, además de 294 ayudas a empresas (82 millones). Alaya afirma que "con pleno conocimiento" de Fernández, se optó por dar el dinero mediante una transferencia de financiación, un mecanismo más ágil para dar ayudas públicas, pero con un control menor que las subvenciones excepcionales. Según la juez, el objetivo era "institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas" de la Junta de Andalucía y permitir un "uso abusivo" en el manejo de fondos de la Administración. "Podían regalarse las ayudas fraudulentamente a personas físicas y jurídicas", dice Alaya, "próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE".

2. El auto afirma que Fernández conocía los reparos que la Intervención de la Junta puso, a partir de 2005, al procedimiento con el que se daban las ayudas. Destaca que las ayudas se daban sin solicitudes, que no había ningún control y que se adquirieron compromisos de pago superiores a los presupuestado en el fondo. La juez afirma que Fernández era "consciente" de esta situación, lo que permitió el "enriquecimiento" de algunos perceptores de las ayudas.

3. Alaya afirma que Fernández conocía la inclusión de intrusos (personas que nunca trabajaron de en las empresas por las que están cobrando una prejubilación). Da crédito al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, también en prisión, que sostuvo que informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de dirección de la Consejería de Empleo. Asegura la juez que de esta manera personas próximas al PSOE (por militancia o haber ocupado algún cargo municipal) cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldrán nuevos nombres de intrusos.

4. Sobre las ayudas directas a empresas, Alaya hace hincapié en que buena parte de las ayudas se concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca que acaparó 51 millones de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acabó en empresas de José Enrique Rosendo (exconcejal del PSOE) y José María Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo con Viera en este punto. Refleja también el dinero percibido por las empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta también las 17 ayudas a empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fernández.

5. La magistrada concluye que Fernández conocía el "entramado" de bufetes de abogados, aseguradoras, intermediarios que se creó alrededor de los ERE pagados por la Junta, trama en la que también incluye a los sindicatos. En este sentido, subraya que permitió que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de cada ERE en el que intervenían.

6. Alaya censura que Fernández fuera incluido en el ERE de la empresa González Byass, donde trabajó entre 1971 y 1983 cuando era consejero de Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidió una excedencia voluntaria cuando dejó la empresa, por lo que no tenía derecho a acogerse a ninguna ayuda. Fernández tiene pendiente de cobro 34.240 euros por indemnización por despido. Además la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilación en la empresa (386.181 euros) porque saltó a la luz pública el escándalo de los ERE. Fernández concedió una ayuda de 17,4 millones a su antigua empresa para pagar un ERE.

7. En el auto, la juez afirma que bajo la excusa de lograr la paz social en Andalucía se puso en marcha el fondo, pero que Fernández debió hacer caso a las objeciones de la Intervención sobre el procedimiento con el que daban las ayudas, un sistema que el exconsejero ha defendido en su declaración judicial y que sigue defendiendo el Gobierno andaluz. "La política no puede ir contra la ley y el derecho", afirma lapidaria la juez, que abre una nueva línea de investigación sobre el papel de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía en el caso.

8. Alaya dicta orden de prisión para Fernández, que llevaba un año imputado en la causa, porque cree que hay riesgo de fuga y entorpecer la investigación. Recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversación podría ser condenado a 18 años de cárcel. Y un hecho llamativo: ordena su ingreso en la prisión sevillana de Morón, donde se encuentra su antiguo subordinado Javier Guerrero, con el que prohíbe cualquier contacto.