Bruselas halla indicios de fraude en la Diputación de Ourense

La Comisión Europea investiga el posible desvío de fondos estructurales

Depuradora de aguas de Os Peares, construida por uno de los planes que investiga la Unión Europea. / N. GÓMEZ
Depuradora de aguas de Os Peares, construida por uno de los planes que investiga la Unión Europea. / N. GÓMEZ

A José Luis Baltar lo persigue su estela. El exbarón jubilado del PP, sucedido por su hijo al frente del partido y de la Diputación de Ourense, no encuentra descanso. Baltar no solo fue el “cacique bueno” que presumió ser. Al rastro de los cientos de enchufados que ha dejado, tras dos décadas de mandato absoluto, en las distintas dependencias de la institución provincial —lo que ha supuesto la apertura de diligencias por la Fiscalía— se suma el de su gestión de los fondos estructurales que ha requerido una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento europeo se lo ha confirmado a la diputada del BNG Ana Miranda.

La OLAF tiene “sospechas suficientemente fundadas de que se han cometido actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales \[en la gestión de fondos estructurales\] que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”. Miranda sostiene que la investigación de la oficina contra el fraude de la UE parte de la denuncia realizada por un particular en 2002 secundada por diversas iniciativas de nacionalistas y socialistas en Estrasburgo. La oposición lleva años intentando aclarar por la vía política la gestión de algunos de los fondos que están siendo ahora investigados por la UE. En noviembre de 2009, el entonces todopoderoso barón del PP sentenciaba en un pleno de la Diputación que le resultaba “durísimo pensar que hay algo oculto en la elección de las depuradoras”. Salía así al paso de las críticas de PSOE y BNG, que alertaban de lo extraño de la elección de esas plantas incluidas en los planes Daredo y Deputrans considerando el alto coste de su funcionamiento (en torno a 8.000 euros anuales en electricidad) que las localidades —de menos de 500 habitantes— no podían afrontar. Se instalaron, pero en muchos casos las encienden y apagan constantemente para que no se dispare el consumo.

“Voy a seguir de cerca este tema”, dio entonces carpetazo al asunto el primero de los Baltar desde la presidencia del pleno. Antes, se había amparado en el informe técnico de un funcionario y en su convicción de la “honestidad” de su empleado. Los Baltar no dieron pábulo a las denuncias de la oposición. Tampoco a la visita que hicieron técnicos de la UE el pasado febrero a la Diputación. José Manuel Baltar Blanco la tildó entonces de “rutinaria”. Ayer, después de que Miranda informara de que el comisario europeo de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, le confirmara, en nombre de la Comisión Europea, la apertura de un expediente de investigación a la Diputación de Ourense, Baltar Blanco negó tener conocimiento. “La institución provincial no recibió ninguna nueva comuniación ni notificación”, informó en comunicado de prensa. “Nadie de la OLAF, ni de ningún organismo de la Unión Europea se puso en contacto ni remitió ningún documento a la Diputación de Ourense comunicando ningunha información como la que hizo pública el BNG”, destaca la nota de prensa.

Baltar sostiene que la visita, los días 22 y 23 de febrero, de los técnicos de la OLAF a la Diputación tenía como fin “realizar verificaciones técnicas de los proyectos Daredo y Deputrans y desde entonces no consta ninguna otra comunicación”. Tampoco le constan “novedades al órgano de gestión de los proyectos, en este caso al Ministerio de Hacienda”, sostiene el presidente provincial. De momento, el Ejecutivo comunitario no aporta información adicional ya que “el caso está en curso”. Esperará a que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude presente sus conclusiones.

La investigación podría no ser más que la punta de un iceberg. Miranda ha pedido a la OLAF el expediente de investigación abierto contra la Diputación de Ourense por este supuesto fraude pero, además, pregunta a la Comisión por el uso que esta institución ha realizado de los fondos comunitarios en otros programas, como el proyecto denominado Estaciones vivas, espacios vivos, de remodelación de estaciones ferroviarias. Mientras tanto, Baltar Blanco pleitea en los tribunales contra una orden del Ministerio de Hacienda que le obliga a descertificar las ayudas de la UE con las que su padre gestionó la construcción de un hipódromo en Xinzo.

Una larga lista de planes en entredicho

Baltar Blanco salió ayer en defensa de su padre y antencesor. La investigación de la UE “servirá una vez más para acreditar el excelente papel procedimental de nuestros servicios”, dijo a La Voz de Galicia. También aseguró hace unas semanas a El País que espera que la Justicia frene la orden del Ministerio de Hacienda que le obligaría a devolver buena parte de los fondos comunitarios con los que financió el hipódromo de Antela, en Xinzo. Hacienda detectó un sinfín de irregularidades en la contratación y ejecución de la obra.

Mientras el nuevo dirigente del PP y de la Diputación de Ourense pelea por impedir la mácula —y el gravamen para las arcas de la institución— del organismo provincial que durante dos décadas presidió su progenitor, la oposición insiste en pedir una comisión de investigación —ya denegada— de la gestión de los fondos comunitarios por Baltar Pumar.Los socialistas no solo se refieren a los proyectos Daredo y Deputrans —que salpica a la Diputación de Pontevedra—, sino también al de las Estaciones, un proyecto transfronterizo acometido a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) con 6,2 millones de euros de la UE.

Pero si los pequeños municipios de Ourense encienden y apagan las depuradoras contratadas a la empresa SMA (Soluciones Medioambientales y Aguas) para evitar el “gasto elevado” que generan, buena parte de las viejas estaciones de tren en las que se iba a invertir estos fondos “están abandonadas o infrautilizadas”, denunció el PSOE para justificar la comisión de investigación.Este grupo alertó además de otras posibles anomalías en proyectos como los de “Vía Nova”, “Arraianao” “Terras do Avia” y “Delorour”, correspondientes todos ellos a centros de transformación de biomasa.

La investigación de la gestión de los fondos comunitarios realizada durante los mandatos del fundador del baltarismo en la Diputación coincide con la inmediata acusación —también por su gestión de fondos comunitarios— de quien fue su mano derecha en la institución provincial, el exalcalde de Arnoia y actualmente delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Éste ya tiene una sentencia firme condenatoria de la Audiencia de Madrid y en unos meses se sentará en el banquillo acusado, como mínimo, de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

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