La Xunta despide a una embarazada tras anunciar ayudas a la maternidad

La Fundación para o Fomento da Calidade Industrial no ha cambiado ni un ápice su política de despidos aun cuando la justicia la ha obligado a readmitir a dos trabajadoras a las que dejó en la calle estando embarazadas o de baja por maternidad, la última el pasado marzo. El miércoles, este organismo público dependiente de la Consellería de Economía entregó, sin aviso previo y con el plazo de una hora para que los afectados pudieran recoger sus pertenencias personales, cinco nuevas cartas de despido, una de ellas a una empleada embarazada de cinco meses. Esta nueva baja en el ente se conoce solo un día después de que la secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, anunciase en el Parlamento gallego que, para proteger “el derecho a la maternidad”, los no nacidos computarán como un hijo más cuando la madre solicite una ayuda a la vivienda. El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallerdón, clamaba hace unas semanas en el Congreso contra la “violencia estructural” que llevaba a las mujeres a abortar por presiones familiares, sociales o laborales.

 Esta es la primera tanda de bajas en la fundación tras la reforma laboral de febrero y, en aras de la nueva legislación, a los trabajadores se les aplicará el despido más barato, el que alega causas económicas y productivas para extinguir el contrato con 20 días de indemnización por año trabajado. La Fundación para o Fomento da Calidade Industrial, en la que quedan ahora 123 trabajadores, redujo su plantilla en 132 personas desde marzo de 2009.

El comité de empresa lleva años denunciando que las intenciones de la gerencia —José Higinio Antunes sustituyó a finales de 2011 a Covadonga Toca, ahora al frente del Igape— pasan por liquidar la fundación y contratar personal afín para la Axencia Galega de Innovación, que en el futuro gestionará todas las encomiendas autonómicas de I+D, así como prescindir del personal contratado para desviar el trabajo a empresas concesionarias.

El mismo día que la CIG denunciaba los despidos en la Xunta, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se congratulaba de las felicitaciones del gobierno central por sus medidas a favor de la maternidad y de que Madrid contemple la posibilidad de incorporarlas a la legislación estatal. “Hemos de ayudar a las familias a que puedan tener hijos”, instó. Pero la trabajadora, contratada desde 2008, sabe que la nueva normativa laboral la deja en la calle a pesar de su estado de gestación. Es complicado que su despido sea declarado nulo como los anteriores de dos compañeras. En marzo, el juzgado de lo social número 3 de Santiago forzó a la empresa pública a readmitir a una empleada despedida en mayo de 2011, solo dos semanas después de dar a luz. No era la primera condena de este tipo al que se enfrentaba el organismo, que en 2009 fue condenado por despedir a otra empleada, embarazada en el momento de su cese.

En los dos casos, la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial justificó su decisión por “razones objetivas de productividad y económicas” y la justicia los consideró discriminatorios, pero ahora las reglas de juego han cambiado, porque basta con alegar tres trimestres de caída de ingresos para consumar el despido. “Les será fácil demostrarlo”, lamenta la afectada. Los portavoces de la Consellería de Economía, preguntada por las razones del despido de los cinco trabajadores y, en concreto, de la empleada gestante, repiten los argumentos de la gerencia de la fundación y no valoran el caso de la embarazada. “El organismo vio disminuidas las actividades encomendadas con respecto a años anteriores, siendo necesaria la adaptación de sus recursos humanos, con criterios de austeridad y eficiencia, a los trabajos que debe ejecutar”, explican.

Según la carta de despido entregada a los trabajadores, el presupuesto de la fundación ha adelgazado un 50% desde 2008 y los ingresos previstos para 2012 por encomiendas de la Secretaria Xeral de Modernización se quedan en 1.750.000 euros, frente a los 2.622.000 del año pasado. Hasta el miércoles, la empleada gestionaba ayudas para empresas de telecomunicaciones, aunque ella define su situación de “ilegal” porque la fundación no cumplió la orden de Inspección de Trabajo de convertir a los contratados por obra desde 2008 en personal indefinido.