La multa por Orange agobia a Euskaltel

El caso Orange amenaza con comprometer el futuro de la operadora de telecomunicaciones vasca Euskaltel. El largo proceso judicial abierto en base a los supuestos daños ocasionados por la compañía vasca tras romper relaciones con la firma propiedad de propiedad de France Telecom, a mediados de 2006, ha llegado a su fin a través de un acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que da la razón a Orange y obliga a Euskaltel a indemnizar a la heredera de Amena con 222 millones de euros. Una cantidad que tendrán que soportar sus accionistas, algunos de los cuales ya habían expresado su intención de desinvertir en la entidad. El 67,93% de Euskaltel está en manos de las tres cajas vascas, que en enero empezaron a operar con sus participaciones industriales como Kutxabank.

Precisamente, esta entidad financiera, que ayer expresó su respeto por el auto judicial y aseguró que éste “no afecta” a su estrategia con el operador, es uno de los agentes que quiere revisar su participación en Euskaltel. De hecho, Mario Fernández anunció el pasado mes de enero que la entidad vendería algunas participaciones industriales. En concreto, apuntó que Kutxabank pensaba reducir su actual presencia en todas aquellas empresas en las que supera el 50% de participación para no verse penalizado en los balances. Es decir, que se desprendería de una parte de Euskaltel y de Ibermática, aunque mantendrá previsiblemente un buen porcentaje en ambas al considerarlas empresas estratégicas. Paradójicamente, la estrategia defensiva de Euskaltel corrió en su día a cargo del propio Fernández cuando formaba parte del bufete de Uría y Menéndez.

La operadora, que comenzó en diciembre de 2011 una nueva etapa con Alberto García Erauzkin al frente de la compañía tras la jubilación de José Antonio Ardanza, tildó ayer de “injusticia histórica” la resolución, que da validez al laudo arbitral suizo que condenó en primera instancia a Euskaltel. Además, aseguró que continuará su actividad “con normalidad” y con sus planes estratégicos de inversión, crecimiento y “creación de riqueza para el país”. También estudiará todas las posibilidades de recurso o impugnación existentes. Tal y como ya reiteró en el pasado el propio García Erauzkin, Euskaltel aseguró ayer que cuenta con el “apoyo de sus socios” para hacer frente a la cuantiosa sanción.

Sin embargo, lo cierto es que el acuerdo del pleno de la Sala Civil y Penal del TSJPV pone en jaque su supervivencia. La compañía ha rebajado en los cuatro años de crisis su deuda bancaria neta desde los 500 millones de euros a los 265 millones de 2011, y sigue creciendo en resultados —un 17,4% más de beneficios el año pasado hasta los 38,4 millones—. Todo ello le permitiría afrontar unas inversiones de 240 millones de euros para el próximo lustro.

Kutxabank asegura que el fallo no afecta a su estrategia en la firma vasca

La operadora vasca es líder de banda ancha en Euskadi, así como de televisión digital de pago, aunque en este caso con algunos matices. Además, está a la cabeza en telefonía fija en las zonas en las que tiene desplegada su red de fibra óptica.

Un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje —organismo dependiente de la Cámara de Comercio internacional—, que se hizo firme y ejecutable el 7 de febrero de 2011, estableció que Euskaltel debía pagar los 222 millones de euros después de que en 2006 la empresa vasca se convirtiera en operador móvil virtual y se rompiera la alianza con Amena, actual Orange. Desde ese momento, la filial de France Telecom ha defendido que le pertenecían los clientes de móvil que, tras la ruptura de la alianza, migraron a Euskaltel. Orange estima que fueron unos 300.000, obstaculizando sus actividades en el País Vasco, en referencia a los 230.000 usuarios que decidieron continuar en su día siendo clientes de la operadora vasca.

El Superior estima en su auto que “la aplicación del Derecho español se identifica sin ninguna dificultad en el laudo suizo, que desarrolla sus razonamientos atento a las referencias jurídicas españolas” y que éste no ha sido dictado “extemporáneamente”. El alto tribunal, que otorga así el exequátur —reconocimiento en un país de las sentencias dictadas por los tribunales de otro Estado— rechaza las alegaciones presentadas por Euskaltel. El fallo asegura que el laudo “no carece de motivación ni adolece de motivación irracional o arbitraria”, aunque el recurso de Euskaltel concluya “con rotundidad” que el laudo no satisface las exigencias de motivación constitucionales del orden público interno español.