Gipuzkoa presenta una nueva ayuda para cubrir los recortes de la RGI

En un golpe de efecto contra el endurecimiento de los requisitos para la concesión de ayudas sociales llevado a cabo por el Gobierno vasco y Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, anunció ayer que aprobará vía decreto una nueva ayuda social para cubrir “el grave vacío provocado por los recortes”. De esta forma, el ente foral busca complementar los ingresos mínimos a quienes quedan excluidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no poder acreditar tres años de empadronamiento.

La denominada Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que entrará en vigor en junio, establece las mismas condiciones de acceso para todas las personas, el cumplimiento de los requisitos de la RGI, a excepción del periodo mínimo de empadronamiento, que en este caso, será de seis meses. La AGI dará cobertura a una media de 600 personas al año y el importe de la prestación variará entre los 600 y 900 euros al mes en función del número de miembros de la unidad familiar, que como novedad introduce un cuarto tramo para las familias con cuatro o más personas.

El Departamento de Política Social calcula que deberá invertir más de 1,4 millones de euros este año, una cifra que superará los 5 millones en 2013 y los 8,3 en 2014, debido al incremento progresivo de personas que entrarán en el sistema de ayudas. Según los cálculos de la Diputación, en tres años habrá como mínimo 1.800 personas más en riesgo de exclusión social en Gipuzkoa. El ente foral adelantó que para hacer frente a estas ayudas deberá reducir otras inversiones en el futuro sin especificar cuales.

Durante una rueda de prensa, el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano y el responsable de Política Social, Ander Rodríguez, señalaron ayer que con la nueva prestación asumen una competencia que no es suya pero con la que pretende “frenar la extensión de la pobreza” en Gipuzkoa y paliar “las consecuencias derivadas de la irresponsabilidad del Gobierno vasco”, al endurecer los requisitos para la percepción de la RGI.

En Euskadi son ya 57.000 las personas que perciben la RGI. En cuanto al posible riesgo del efecto llamada de la nueva prestación, Rodríguez lo consideró “infundado” y señaló: “Nuestro actual sistema de RGI es uno de los más avanzados del Reino pero tenemos una de las tasas de inmigración más bajas. Esa posible relación efecto llamada la desmonta los propios datos”. Además, el responsable de Política Social apeló a “la participación y colaboración” de ayuntamientos y servicios sociales de base con quienes están previstas reuniones la próxima semana para la puesta en marcha de la nueva ayuda.

El ente foral calcula que deberá invertir más de 1,4 millones de euros este año

El decreto impulsado por Bildu aúna dos ayudas existentes; la Ayuda Económica de Inserción Social —que se venía pagando hasta ahora a quienes, cumpliendo el resto de requisitos de la RGI, no llegaban a un año de empadronamiento— y la Ayuda Económica Individual, —una prestación eliminada por Bizkaia y Araba con la implantación de la RGI en la modalidad de complemento de pensiones—. Este “esfuerzo presupuestario” será asumido en 2012 sin mayores problemas, según explicó Rodríguez, dado que, al refundir dos ayudas que ya existían, tenían sus dotaciones económicas asignadas.

La portavoz socialista, Rafaela Romero, criticó el “juego y el electoralismo” de Bildu con un tema de máxima preocupación como es la “realidad de las personas que más necesitan” y permanecen en una situación de exclusión social. Durante la comparecencia de urgencia convocada tras el anuncio de la nueva prestación, Romero pidió “responsabilidad” a Bildu y recalcó que “para paliar la situación de esas personas se crea empleo, que es la mejor manera de ayudar a los que no lo tienen” y subrayó que “deberían recaudar más y mejor”.

Romero mostró su preocupación por las consecuencias del posible efecto llamada de la nueva prestación social. “¿Podremos asumir económicamente y socialmente? La política social es algo muy serio. Nos preocupa que Bildu haya empezado la campaña electoral aprovechando la gravedad de la crisis y los que menos tienen”, criticó.

El PSE critica el “electoralismo” de la medida y teme por el ‘efecto llamada’