El Consell pide más de 4.000 millones al Gobierno para pagar a proveedores
El Consell aflora 1.850 millones de gasto sanitario no presupuestado Vela niega que la Generalitat vaya a ser intervenida si se emiten los ‘hispabonos’
La Comunidad Valenciana es, con diferencia, la autonomía que mayor cantidad de dinero ha solicitado al Ministerio de Hacienda para poner saldar las deudas que arrastra con sus proveedores. El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, explicó ayer que ha presentado al Gobierno facturas por un importe de 4.069 millones de euros, lo que representa casi la cuarta parte (23,6%) de lo que han solicitado todas las autonomías (17.255 millones de euros) al Ministerio para poder poner al día sus atrasos con los proveedores.
Estos 4.069 millones de euros, documentados en 578.000 facturas visadas y pendientes de pago, es lo que se adeuda a 10.050 proveedores de la Generalitat desde hace más de dos años —en algunos casos tres—. La cantidad solicitada por el Consell es el doble que los 1.984 millones de Cataluña, que adeuda un año de facturas a sus proveedores, y sensiblemente superior a los 2.763 millones de euros que pide Andalucía para ponerse al día con las empresas que abastecen al Gobierno regional. El dinero solicitado por el Consell al Ministerio de Hacienda, que ejerce de avalista de las comunidades autónomas, se tendrá que devolver a un interés del 5% con un plazo máximo de 10 años y dos de carencia y obliga a la Generalitat a presentar un plan de reequilibrio financiero este mismo mes.
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, explicó que de los 4.069 millones de euros solicitados al ministerio que dirige Cristóbal Montoro un total de 982 millones de euros corresponden a lo que deben las consejerías a los proveedores. Otros 1.237 millones de euros son deudas generadas por empresas, organismos autónomos y fundaciones del sector público. Un capítulo en el que no están incluidas empresas como la Entidad de Saneamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias que tienen ingresos propios y cuya deuda no computa en el sistema de contabilidad nacional y, por tanto, no se pueden acoger al plan del Gobierno.
Sin embargo, lo que desborda todas las estimaciones sobre la deuda que arrastra la Generalitat con sus proveedores son los 1.850 millones de euros de gasto sanitario pendientes al acabar 2011. Es lo que se conoce como las facturas guardadas en los cajones, es decir, el gasto sin consignación presupuestaria que no se contabiliza. Un dispendio que la Sindicatura de Comptes cifró en 2010 en 1.455 millones de euros y que el año pasado aumentó en casi 400 millones de euros adicionales. La Consejería de Sanidad tenía un presupuesto asignado para 2012 de 5.492 millones de euros, antes del recorte anunciado en enero,
El propio Vela reconoció que había decidido aprovechar el plan de financiación establecido por el Gobierno para hacer aflorar el gasto sanitario no contabilizado. El consejero recordó que la última regularización del gasto sanitario no declarado se realizó en el año 2008, también con el PP en la Generalitat, por importe de 1.844 millones de euros en una operación financiera muy similar a la actual. Desde entonces, todavía hay facturas pendientes de pagar a los proveedores.
Con los 4.069 millones de préstamos del plan estatal, el Consell pretende regularizar los pagos y acabar 2012 “con menos de 1.000 millones de euros de deuda a proveedores”. Una cifra que, según el consejero, sería de las más bajas de la historia del Consell.
El plan establecido por el Ministerio de Hacienda no permite acogerse a estos créditos para pagar las deudas pendientes con los ayuntamientos y las subvenciones atrasadas, ni a entidades del sector público, ni las aprobadas a entidades privadas.
Para poner al día estos pagos, que Vela cifró en unos 1.300 millones de euros adicionales, el Consell confía en los hispabonos. La colocación, por parte del Gobierno, de la deuda que tiene autorizada la Generalitat permitiría a la Generalitat hacer frente a estas deudas a partir de septiembre, como muy pronto.
El titular de la Consejería de Hacienda señaló ayer que si la Generalitat hubiese podido colocar la última emisión de bonos patrióticos el pasado otoño los créditos que ahora solicitan al Gobierno no hubiesen superado los 1.900 millones de euros, en vez de los 4.069 solicitados.
Las agencias de calificación mantienen la clasificación de bono basura para la deuda pública de la Generalitat, lo que impide al Consell renegociar con la banca extranjera los créditos ya concedidos y que tienen fecha de vencimiento próxima.
Vela descartó ayer el riesgo de una intervención por parte del Estado si, a partir de junio, el Gobierno empieza a emitir hispabonos como ha prometido. Ahora la prioridad se centra en presentar un nuevo plan de reequilibrio financiero, que tendrá que aprobar el Ministerio en el Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera en su próxima reunión, en el que se deberán ajustar los ingresos a los gastos para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%.
La difícil situación financiera de la Generalitat Valenciana
Deudas con los proveedores. El Consell remitió a las 23 horas del pasado sábado una relación de facturas pendientes de pago con 10.050 proveedores por importe 4.069 millones de euros.
Reparto del gasto. Cerca del 80% de la deuda con los proveedores corresponde al departamento de Sanidad, que arrastra facturas pendientes de pago desde el año 2009. La Consejería de Hacienda ha hecho aflorar facturas por importe de 1.850 millones de euros que estaban guardadas en el cajón y que no tenían consignación presupuestaria. Otros 982 millones de euros corresponden a las deudas que las distintas consejerías han acumulado en los dos últimos años con sus proveedores. Los 1.237 millones de euros que completan los 4.069 millones de crédito solicitados corresponden a deudas de empresas y organismos de la Generalitat con sus proveedores.
Coste del plan. Los 4.069 millones de euros para pagar a los proveedores se obtendrán de las entidades financieras gracias al aval del Estado. El Consell pagará un interés del 5% y tendrá un plazo de 10 años para amortizar la deuda, con dos de carencia.
Pagos pendientes. El Consell confía en que el Gobierno coloque en los mercados financieros la emisión de deuda que la Generalitat tiene autorizada, los llamados hispabonos, para poder hacer frente a los impagos con los Ayuntamientos y entidades públicas y privadas. Una cantidad que la Consejería de Hacienda cifra en unos 1.300 millones de euros y que, previsiblemente, no podrá pagar antes del próximo otoño.
Renovación de créditos. El Gobierno ha abierto, a través del ICO, una línea de préstamos para facilitar que las autonomías puedan renovar los créditos que les vencen. El Consell ya utiliza este mecanismo desde enero. En el próximo mes debe afrontar el vencimiento de 3.000 millones.
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