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50.500 catalanes han muerto esperando cobrar la dependencia desde 2007

El año pasado los fallecidos fueron 6.862, según una respuesta parlamentaria del consejero Cleries

Desde la entrada en vigor de la ley de dependencia hace cinco años han muerto 50.446 personas en Cataluña esperando cobrar la ayuda a pesar de que ya tenían aprobada la prestación. Los seis meses que pueden transcurrir entre la solicitud de la ayuda y el momento en que ésta llega entre puede convertirse en una eternidad para este colectivo, de edad avanzada y con un estado de salud muy delicado. El plazo de seis meses fijado por la ley, sin embargo, se ve a menudo superado en varios meses por la saturación de los servicios sociales, según admite el sector. Así ha informado el consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, en una respuesta parlamentaria al grupo del PP, que publica el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña este martes.

Los datos del Departamento de Bienestar Social, publicados ayer en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP, muestran que la lentitud administrativa impidió en 2007 a 4.521 personas a beneficiarse de la ayuda al fallecer antes. En 2008, la cifra se elevó hasta las 14.232 personas, y a partir de aquí los fallecidos se redujeron a 13.849 personas en 2009; 10.982, en 2010, y 6.862, el pasado año. Esta curva coincide a la perfección con la avalancha de solicitudes que se produjo durante los primeros meses de vigencia de la ley: de las 62.000 solicitudes de 2007 se pasó a 101.000 peticiones al año siguiente, para descender sostenidamente entre 10 y 15.000 solicitudes menos anuales, hasta las 63.000 del año pasado.

La ley de la dependencia, que actualmente beneficia 145.869 personas en Cataluña, empezó ya con mal pie y desbordando todas las expectativas, según reconoce el sector. “La ley nació mal. Se aprobó muy alegremente sin tener el presupuesto asegurado”, tercia Teresa Crespo, presidenta de la Entidades Catalanas de Acción Social. “Es una ley hecha con el ladrillo, cuando había dinero para todo, pero ahora es insostenible”, añade Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la asociación de empresas de servicios asistenciales.

A esto se añade una mala previsión en los beneficiarios. “El estudio que se hizo en 2002 sobre los posibles dependientes quedó rápidamente desfasado. Había más personas de las previstas y ello implicó que también se hiciera una mala planificación de las prestaciones”, tercia la anterior consejera de Acción Social, Carme Capdevila, quien también critica la lentitud con la que se está desplegando la ley.

De hecho, la ley de la dependencia no se ha acabado de aplicar en su plenitud. Progresivamente desde 2007 han entrado al programa los dependientes con grados más agudos y entre el año pasado y el actual debían incorporarse los llamados moderados, con un grado de dependencia menor. El gobierno central ya anunció el año pasado que aplazaba las ayudas a este colectivo, cosa que se ha traducido que a día de hoy 51.000 catalanes a los que se la reconocido la dependencia deban esperar hasta 2013 o 2014 (según la gravedad del caso) a recibir la ayuda.

Los ajustes económicos también están provocando una disminución de los servicios (plazas en residencias o centros de días, que resultan más caras) en favor de las ayudas económicas de entre 300 y 400 euros para el cuidador no profesional que asiste al dependiente en casa, que ya representa el 60% de las prestaciones concedidas.

El gobierno central planea para antes de verano una revisión de calado de la ley de la dependencia. De momento, el Estado ya ha recortado su aportación al programa, que en el caso de Cataluña implican 48 millones menos, un recorte que la Generalitat todavía no ha concretado cómo se materializará. El sector, en cambio, advierte de sus múltiples consecuencias. “Habrá más pobreza, favorecerá la desestructuración familiar y también generará más paro”, concluye Nuria Carrera, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña.

Actualmente hay 145.869 beneficiarios en Cataluña de la ley de dependencia, básicamente mayores de 80 años (el 50%) y, principalmente, mujeres (el 67%). Los ciudadanos que quieren acceder a este programa de ayudas deben, en primer lugar, solicitarlas a la Generalitat, que realiza una valoración del caso y determina si la persona cumple los requisitos para beneficiarse de ellas. Entre el momento de la solicitud y la primera valoración pueden pasar unos tres meses. Después, los servicios sociales de los Ayuntamientos realizan el llamado Programa Individual de Atención (PIA), que determina el tipo de ayuda que necesita la persona (prestación económica, ayuda domiciliaria, internamiento en una residencia, etcétera). Hasta esta segunda valoración también pueden pasar tres meses y supone la entrada de la persona en el programa.