Costa intenta salpicar a la actual dirección del PP en la financiación ilegal

Las aguas bajan revueltas en el PP valenciano con motivo de la causa por supuesta financiación ilegal vinculada al caso Gürtel, en el que están imputadas las cúpulas del partido y la Generalitat de la época en que Francisco Camps era presidente. Frente al intento del Ejecutivo autonómico, que dirige Alberto Fabra, de establecer un cinturón sanitario respecto a esa etapa, el ex secretario general del PPCV e imputado Ricardo Costa ha hecho un movimiento que supondría un mayor alcance en la causa hasta salpicar a la actual dirección. Costa pidió al juez que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, secretario general del PPCV, el mismo cargo que él ocupó hasta ser defenestrado por Génova en octubre de 2009.

El magistrado José Ceres ha rechazado la petición, pero sí ha aceptado, en cambio, otra solicitud de Costa que se enmarca en la misma línea: requerir a su propio partido que aporte una docena de documentos sobre las funciones que el secretario general tenía en materia económica y contable durante la etapa en que ocupó el cargo y, especialmente, en los años 2007 y 2008, cuando supuestamente se cometieron los delitos de financiación ilegal (delito electoral) y falsificación mercantil, durante las campañas de las autonómicas y generales que tuvieron lugar respectivamente esos años, por las presuntas aportaciones irregulares de empresas constructoras. Así como que el partido identifique a las personas que entonces y ahora tienen las competencias sobre la gestión diaria de la caja del PPCV.

Algunas de las peticiones de Costa resultan chocantes tratándose de su partido. El hoy diputado autonómico solicitó al juez requerir al PPCV “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”. Costa también solicitó y ha conseguido que el magistrado pida al partido que aporte el acuerdo de comité o de junta en el que se le habría encargado “la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, con expresión de la fecha del acuerdo, fundamentación del mismo en los estatutos del PPCV y, en su caso, cargo orgánico que propuso tal encargo”.

El diputado reclama que el PP diga quién gestiona el día a día de la caja del partido

El diputado logró del mismo modo que el juez requiera al PPCV “el acuerdo que acredite la delegación de funciones de Adela Pedrosa [que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007] en Ricardo Costa, así como la expresión normativa que, en su caso, autoriza dicha delegación de funciones”.

A petición de Costa, la actual dirección del partido deberá remitir los acuerdos de nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, “quién los designa y su dependencia salarial y funcional”. Y, finalmente, la identificación de qué “cargo orgánico tiene la facultad estatutaria de aprobación del presupuesto, no de propuesta, así como de control de la corrección de la contabilidad y de la aprobación de la misma”.

El ex número dos del PPCV también ha conseguido que el juez pida al Santander información “periodificada”, esto es, mes a mes, sobre qué personas estaban autorizadas para acceder a la cuenta del partido en los años 2007 y 2008.

Malestar

El tono y las peticiones de Costa permiten entrever lo que parece un gran malestar con la dirección del partido, que Fabra ha anunciado que depurará de imputados en el congreso que el PPCV celebrará en mayo. De hecho, el diputado quería que el actual secretario general del PPCV acudiera a declarar para explicar la información que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la organización y funcionamiento del partido en la época investigada.

El juez Ceres ha llamado a declarar como testigo, por otra parte, a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y hoy secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia. Villalonga está imputada en el caso Urdangarin.