Los adeptos a la mano dura

Algunos jueces, políticos y periodistas alertan de que Barcelona, convertida en oasis de los antisistema, da cobijo a grupos extremistas procedentes del extranjero. El cíclico estribillo resucitó el 29-M, cuando, con motivo de la huelga general y las movilizaciones contra los recortes y la reforma laboral, hubo actos violentos y destrozos en la capital catalana. Pero a grandes males, grandes remedios. Por eso hay una reforma antivandalismo en marcha, propuesta al unísono por el consejero de Interior catalán, Felip Puig, y el ministro del ramo, Jorge Fernández. El objetivo es que más pronto que tarde los radicales se vean obligados a entonar el Addio Lugano bella,como les sucedió a los anarquistas italianos refugiados en el Ticino cuando fueron expulsados por las autoridades suizas hace más de un siglo.

El espíritu de Giuseppe Fanelli, que además de ser masón vino hace dos siglos a España a expandir las ideas libertarias, tiene, pues, los días contados en la Barcelona que encara con paso firme el futuro. ¿Garantiza la reforma antivandalismo que impulsan Fernández y Puig que no vuelvan a levantarse en la capital catalana las columnas de humo del 29-M, en las que algunos han creído ver el fantasma de la Ciutat Cremada? No es muy probable. Hoy día no hay gente armada en las barricadas, ni los niños trabajan en las fábricas, ni la población muere de infecciones, ni salen tropas de reemplazo con destino a la guerra de África. El problema, como el Fondo Monetario Internacional se ha encargado de hacernos ver esta misma semana, es que nos hemos mal acostumbrado a vivir demasiados años —¿por encima de nuestras posibilidades?— y eso en época de recortes no es pertinente. Según el FMI, vivir es un riesgo financiero.

Algunos, en Cataluña, ya lo habían descubierto. Ahí están las 10.000 personas que aguardan un dictamen desde finales del verano pasado sobre si tienen o no derecho a la renta mínima de inserción. O los 6.903 afectados por los 327 expedientes de regulación de empleo que solo desde la aprobación de la reforma laboral —el 13 de febrero— hasta el fin de ese corto mes se produjeron. O esa veintena de órdenes de desahucio que se activaron diariamente durante 2011 en Cataluña. O el 32% de aumento de personas —casi 3.000— sin vivienda que desde 2008 se ha registrado en Barcelona. O los 25.000 dependientes que esperan que se resuelva su expediente.

Ese cuadro de fractura social coexiste con los actos vandálicos que preparan “guerrillas urbanas” anunciadas, enunciadas y denunciadas por múltiples consejeros de Interior, pero nunca policialmente desarticuladas. Y en ese frente se pone el énfasis Pero ¿para combatir el vanadalismo hay que condenar, como se pretende ahora, con penas de hasta cuatro años a quien practique la resistencia pasiva? La fe en la mano dura gana adeptos entre los poderes. De momento, no ha sido preciso nombrar un fiscal contra los delitos de violencia urbana, como proponía Felip Puig, para que la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona haya decidido esta misma semana mantener en régimen de prisión provisional a dos jóvenes que participaron en el corte de tráfico de la Diagonal del pasado 29-M. Un piquete integrado por 80 personas arrojó huevos y piedras a los Mossos d'Esquadra. La policía se incautó de líquido inflamable, petardos y un walkie-talkie y, concluye la juez, todo eso revela que los detenidos “decidieron atentar contra la paz pública, de forma coordinada con terceras personas y usando medios que revelan una alta peligrosidad criminal”. Por ese motivo, esos dos jóvenes que carecen de antecedentes continúan en prisión.

Hay otros expertos en agitar la paz pública, pero viven apaciblemente en sus domicilios. Fèlix Millet, saqueador confeso del Palau desde septiembre de 2009, sigue en libertad y ha mantenido hasta el pasado día 2 de abril en su poder dos cuadros valorados en 750.000, uno de los cuales trató de vender en 2010 para pagar “gastos judiciales”. El saqueo, según el peritaje realizado por encargo del Palau, se eleva a 35 millones de euros. Millet fue condenado en 1984 por la estafa de Renta Catalana. Pero para algunos ha llegado el espíritu de la Pascua. Ese sin duda también ha guiado al Ejecutivo central en su decisión de amnistiar a quienes de forma sistemática han evadido capitales y practicado, así, el fraude fiscal.