La España imposible

Un año más, esta vez con retraso, asistimos al ritual de la puesta en escena de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de los presupuestos más restrictivos de la democracia, al menos eso se ha dicho. Sin embargo, hay comportamientos y mensajes que permanecen, como si la realidad de este país no fuera con nosotros, o especialmente con nuestros políticos. Como cada año, con la llegada del anteproyecto de ley de los PGE, se repite, retórico o no, el discurso del agravio comparativo y el mercadeo de nuestros representantes a todos los niveles (nacionales, autonómicos y locales). Es indiferente el color político del representante de turno, da lo mismo el color de quien gobierna en Madrid, esto último sólo cambia la agresividad de los contrarios y la justificación de los afines, pero los presupuestos, como la primavera, casi siempre les producen alergia.

La primera partida investigada y criticada es la de inversión, comprobamos cuánto “invierten en nuestro terruño”, comprobamos cuánto se invierte en el de al lado y comprobamos la media de inversión por habitante, kilómetro cuadrado, o cualquier otro ratio que nos satisfaga, para de inmediato levantar la voz por el agravio. Da lo mismo que estemos por encima o por debajo de la media, da lo mismo que el año anterior fuésemos los primeros en inversión pública, da lo mismo si tenemos proyectos de interés general del Estado o no y, tanto si somos como si no somos los primeros en inversión, protestamos porque cualquier cantidad nos parece escasa e inmerecida. Nadie parece querer darse cuenta de que estos comportamientos no ayudan en nada a salir de la crisis, ni a concienciar a la ciudadanía de la realidad que nos rodea. Nos encanta el agravio como mecanismo de reivindicación.

No sabemos por qué, pero muy pocos de nuestros políticos, si es que hay alguno, hacen pedagogía y transmiten a sus conciudadanos ciertas reglas muy simples que conocen perfectamente. En primer lugar, que la Administración central es competente en las infraestructuras de interés general del Estado, por lo que son sus responsables quienes deciden cuándo y cuánto invertir, atendiendo a esos intereses generales y no a los de un político o zona en concreto. En segundo lugar, que los estatutos de autonomía consagran “competencias exclusivas” en inversión que, obviamente, deben ser autogestionadas sin la obligatoria participación de la Administración general del Estado. Finalmente, y no menos importante, que después de casi 20 años de inversiones cuantiosísimas no se justifica seguir reivindicando ingentes cantidades de inversión con el solo fin de demostrar que se hace algo.

De esa forma, nuestros políticos, utilizando el instrumento de los Presupuestos Generales del Estado, han hecho de la inversión el arma política que nunca debería haber sido. Las infraestructuras son necesarias, aunque no suficientes, para articular el país, para incrementar la productividad y permitir que tengamos un país puntero y competitivo. No contentos con olvidar esos principios, hemos ido más allá, comprometiendo hasta en los estatutos de autonomía cuantiosos volúmenes de inversión que no están adscritos a proyectos concretos. En un país con recursos escasos y el actual lo es, vaya que si lo es, y con una dotación de infraestructuras superior, en algunos casos, a la media de nuestro entorno, hasta cuándo vamos a seguir con esta reivindicación de inversión permanente. Hasta cuándo, estos políticos “locales y centrales” seguirán denunciando “esa hipotética falta de inversión”, reclamando a la Administración central inversiones en proyectos con interés social más que dudoso, conduciéndonos a un exceso de inversión agregada que no da respuesta ni son solución a las faltas concretas de infraestructuras que todavía puedan existir. Inversiones que seguramente no podremos mantener posteriormente

Podemos decir que hoy, al contrario de lo que se pueda pensar, ni los políticos quedan en muy buen lugar, ni los agraviados son tales, ni quizás los españoles seamos tan maduros como pensábamos, especialmente cuando ciertos grupos jalean estos comportamientos irracionales. Por estos y otros motivos la crisis ha dejado de ser un problema coyuntural para afectar a los cimientos de nuestra sociedad. Por estos y otros motivos la salida de esta crisis tiene un lastre excesivo.

Por ser el futuro y el legado a las nuevas generaciones, hacen un flaco favor al país los que utilizan la inversión en infraestructuras como moneda de cambio para ganar adeptos y voluntades, casi siempre en el corto plazo sin considerar el futuro.

Óscar Álvarez es profesor de Economía. Instituto de Economía Internacional (Universitat de València).