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Los socialistas recurren el decreto de recortes del Consell ante el Constitucional

Cincuenta senadores firman el documento que se presentó cuando finalizaba el plazo Puig denuncia que la Generalitat carga contra los derechos laborales de los funcionarios

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Ximo Puig, con representantes sindicales de los empleados públicos, en la sede del PSPV en Valencia.
Ximo Puig, con representantes sindicales de los empleados públicos, en la sede del PSPV en Valencia.JORDI VICENT

senadores socialistas firman un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Consell del 5 de enero que incluye un recorte de sueldos de 271 millones para los funcionarios de la Generalitat. El recurso se presentó el martes, minutos antes de que expirara el plazo legal para hacerlo.

Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, compareció el jueves en la sede del PSPV en Valencia junto a representantes de cada uno de los sindicatos que participan en la Mesa General de la Función Pública (UGT, CC<TH>OO, Intersindical, CSI-F y Cemsatse) para anunciar la formulación del recurso de inconstitucionalidad, “una demanda del conjunto de organizaciones sindicales”, según dijo.

“La Comunidad Valenciana no ha adoptado medidas para reorganizar la función pública durante los 17 años de Gobierno del PP y la Generalitat no actúa ahora con equidad, sino que va a lo más fácil”.

Puig subrayó expresamente el apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, para sacar adelante el recurso de inconstitucionalidad, un movimiento que exige el respaldo de representantes de las Cortes Generales.

El secretario general de los socialistas valencianos sugirió que como alternativas al recorte de salarios y prestaciones a los funcionarios, la Generalitat podría haber actuado “vía ingresos”, a través de “una reforma fiscal en profundidad” y sin renunciar, en su día, a los ingresos derivados del impuesto sobre patrimonio.

Puig solicita una entrevista a Fabra para “mantener un espacio de diálogo”
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También destacó que la Generalitat arrastra toda una rémora de “organismos prescindibles”, entre los que destacó una pléyade de “fundaciones creadas exclusivamente para el desarrollo de políticas partidarias”, una serie de entidades que no dudó en calificar como “auténticos chiringuitos”.

Luis Lozano, de la UGT, explicó en nombre de los sindicalistas que el recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en la vulneración de “aspectos troncales” de los derechos de laborales como la “libertad sindical, la negociación colectiva o el trato desigual de los trabajadores”, en alusión a los empleados interinos de la Generalitat.

Lozano subrayó que el “decreto Vela”, en alusión a José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública, no solo tiene implicaciones salariales para los empleados públicos, sino que “supone un grave deterioro del Estado del bienestar en la Comunidad Valenciana”.

Durante su comparecencia, Ximo Puig anunció la solicitud de una entrevista con Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, “para mantener un espacio de diálogo”.

El secretario general de los socialistas valencianos fue interpelado sobre la posible quiebra de confianza que podría suponer la renuncia de Cristina Moreno, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas con Jorge Alarte, a asumir un puesto en la dirección remodelada por la comisión ejecutiva el miércoles. Puig se limitó a contestar: “Tengo absoluta confianza en todos los diputados socialistas”. También avanzó que la reorganización de los grupos socialistas en las Diputaciones provinciales se retrasará hasta que se celebren los congresos provinciales.

Por el momento, Leire Pajín presidirá el grupo de diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, mientras que Carmen Alborch será la responsable de coordinar a los senadores del PSPV.

Los sindicatos consideran que Vela “debe estar muy ocioso”

José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública, “debe estar muy ocioso”, comentó ayer Gonzalo Fernández, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, para tomarse el tiempo de redactar una carta a todos los funcionarios de la Generalitat. Representantes de los sindicatos de Función Pública coincidieron al señalar que la misiva en la que Vela detalla la última propuesta formulada ante la mesa general demuestra su preocupación ante la iniciativa de convocar un referéndum entre todos los empleados públicos, previsto el 10 de mayo, para conocer su posición ante las propuestas de la Generalitat.

También subrayaron las medias verdades que entraña la carta de Vela en materia, por ejemplo, de horas lectivas “efectivas” entre los funcionarios docentes, una posibilidad que consideran que abre la vía a la ampliación de horarios; o en materia de plazas de interinos, que consideran que no garantiza que se vayan a cubrir los centenares de vacantes registradas en el último ejercicio.

Todos coinciden en señalar que Vela teme presentarse en el congreso regional del PP de la Comunidad Valenciana, convocado una semana después del referéndum, con una clara reprobación de parte de los empleados públicos.

El malestar entre los representantes sindicales de los funcionarios es patente ante la negativa del responsable de Hacienda y Administración Pública de negociar aspectos del decreto de recortes que se aprobó el 5 de enero.

Los sindicatos también han hecho lo posible para obstaculizar la negociación ante lo que consideran una clara imposición, uno de los argumentos que sustentan el recurso de inconstitucionalidad formulado por cincuenta senadores socialistas contra el decreto en cuestión.

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