Doble mayoría

El Estado autonómico que definitivamente se ha construido dentro de las posibilidades y límites que ofrece la Constitución no fue una opción del centro-derecha español, sino que fue una forma de Estado que el centro-derecha acabó aceptando a finales de la década de los ochenta, en el Congreso de conversión de AP en el PP, en el que José María Aznar sustituyó a Manuel Fraga en la presidencia del partido. En las elecciones que se celebraron en 1982 y 1986 AP llevaba en su programa una propuesta de reforma de la Constitución, a fin de reducir el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía, tal como se había impuesto tras el referéndum del 28-F de 1980 y los pactos autonómicos de 1981. Únicamente a partir de 1989 el centro-derecha español aceptó la estructura del Estado, contribuyendo además a su desarrollo con la firma con el Gobierno presidido por Felipe González de los pactos autonómicos de 1992, que equipararon a las comunidades autónomas desde el punto de vista competencial. Estos pactos autonómicos de 1992 fueron ejecutados básicamente por el Gobierno del PP en las legislaturas de 1996 a 2004. La transferencia real y efectiva de la sanidad y la educación a las comunidades autónomas del artículo 143 CE se hizo bajo el Gobierno de José María Aznar.

Conviene recordarlo en este momento. En la construcción inicial del Estado autonómico el centro-derecha tuvo un papel muy reducido, pero en la configuración definitiva de dicho Estado tuvo tanto protagonismo como el centro-izquierda. El Estado autonómico se ha construido a través de pactos, entre UCD en el Gobierno y el PSOE en la oposición, primero, y entre el PSOE en el Gobierno y el PP en la oposición, después. A nadie se le ha impuesto la estructura del Estado, que ha sido el resultado del consenso entre los dos grandes partidos de Gobierno de España.

Es obvio que el consenso sobre la estructura del Estado se puede revisar. Pero parece lógico que se revise también por consenso, en el que tendrían que participar las comunidades autónomas, que no existían en el momento del consenso inicial, pero que ahora sí existen. El pacto sobre la estructura del Estado es el pacto más inclusivo que puede imaginarse en el Estado democrático. Tiene que haber detrás del mismo una mayoría de ciudadanos y una mayoría de territorios. Así lo entendió el constituyente de los Estados Unidos de 1787, que exige esa doble mayoría para la reforma de la Constitución.

El pacto territorial es el más difícil de alcanzar y el más determinante para el funcionamiento de un Estado democrático. No se puede hacer uso de atajos ni en el momento de alcanzarlo ni en el de reformarlo. Hay que agotar todas las posibilidades de discusión, a fin de que el resultado descanse, si no en la unanimidad, porque esto es imposible, sí en una mayoría que se aproxime a dicha unanimidad.

La tentación de sustituir el consenso por la decisión unilateral tiene que ser evitada a toda costa. En mi opinión, el PP se estaba deslizando en esta dirección, que, posiblemente, habría empezado a concretarse si los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas hubieran sido los que pronosticaban las encuestas. La propuesta de Esperanza Aguirre el pasado martes, con la finalidad de vaciar de contenido al Estado autonómico, transfiriendo las competencias de las comunidades al Estado y a los Ayuntamientos, ha quedado, de momento, en una ocurrencia. Pero no la estaríamos viendo como tal, si el Gobierno de Andalucía estuviera en las manos del PP. Con el tiempo ésta acabará siendo vista como la consecuencia más importante del resultado electoral del 25-M.