González atribuye toda la responsabilidad de la investigación “ilegal” al PSOE
Interior asegura que revelará todos los datos de la investigación "irregular" al vicepresidente La Defensora del Pueblo se plantea iniciar una investigación de oficio para aclarar lo ocurrido
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha atribuido esta mañana al anterior Gobierno socialista toda la responsabilidad de la investigación “ilegal” admitida ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Según el número dos de Esperanza Aguirre, es “una vergüenza” que en un Estado de Derecho las instituciones públicas se dediquen al seguimiento irregular de ciudadanos, informa Rosana Torres. El ministro ha reiterado esta mañana que conoce quiénes investigaron de forma "irregular" a González, pero que no desvelará "toda la información" sobre lo sucedido hasta que concluya el expediente abierto por la Policía.
González ha considerado "extremadamente grave" la investigación, pero ha añadido que este tipo de actuación "desgraciadamente se reitera bajo los gobiernos del PSOE". Tras recalcar que el ministro dejó claro ayer que "no ha habido ninguna investigación policial ni judicial" sobre él, detalló que "al parecer sí ha habido alguna actuación ilegal de algunos policías, sobre la que se ha abierto una investigación y sobre la que se van a exigir las pertinentes responsabilidades".
Según González, los gobiernos socialistas "nos tienen acostumbrados siempre a utilizar las instituciones para atacar a las personas, para conseguir el rédito político que no son capaces de conseguir en las urnas". Ha puesto como ejemplo casos como el de la atleta Marta Domínguez, sometida a escuchas telefónicas durante la operación Galgo que luego fueron anuladas, y ha incidido en que en su caso se han vinculado acusaciones "a una falsedad, con referencias al caso Gürtel, que es un sumario público, abierto, conocido por todos e investigado hasta la saciedad" y en el que "no existe ni una sola referencia" a su persona.
La Policía negó la investigación
Frente a lo declarado por el ministro este martes en el Senado, el pasado día 23 la Dirección General de la Policía negó oficialmente a través de un comunicado que se hubiera producido dicha investigación.
La declaración añadía que, en el caso de que algún agente lo hubiera hecho por su cuenta, se investigaría. La nota sostenía que en los registros de las investigaciones de la Dirección General "no aparece ninguna investigación" sobre Ignacio González. y añade que está comprobando "el origen y demás circunstancias" sobre la información publicada al respecto por el diario El Mundo.
"En el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos legales establecidos en el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de la Policía adoptará las medidas pertinentes", agregaba el comunicado.
El vicepresidente no ha desvelado quién puede ser la persona que ordenó esa investigación ilegal, ni si emprenderá acciones legales por estos hechos, y se ha remitido a lo dicho por el ministro del Interior y a lo que concluya el Ministerio, en el que ha depositado su confianza para que ponga fin a "esas prácticas deleznables". Fernández Díaz aseguró ayer por la tarde en el Senado que el dirigente madrileño había sido sometido a una investigación "ilegal" al margen de los protocolos establecidos.
"Al margen de los conductos oficiales"
Hoy Fernández Díaz ha subrayado que "con total rotundidad" se puede afirmar que González fue investigado "al margen de los conductos oficiales" y que una autoridad policial de la Dirección General de la Policía Nacional "instó a otros policías a que le investigaran de forma discreta y confidencial".
Dicha investigación, ha dicho el ministro, se cerró constatando que el vicepresidente madrileño no había incurrido en ningún delito. Como ya hizo ayer en los pasillos del Senado, Fernández Díaz ha vuelto a decir que "evidentemente" sabe quiénes son las personas que investigaron a González, pero ha reiterado que no puede revelar esta información porque está abierto un expediente informativo. "Cuando concluya el expediente será el momento de dar toda la información y adoptar en su caso la exigencia de responsabilidades que proceda", ha concluido.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha asegurado en Telemadrid que le preocupa "muchísimo" el asunto y se plantea iniciar una investigación de oficio para aclarar lo ocurrido. A su juicio, "es muy triste que esto le haya pasado al vicepresidente" madrileño. Cava de Llano ha reconocido que la investigación "ilegal" pone en riesgo el Estado de Derecho, porque en él no puede haber conductas "propias de un Estado Policial". "Yo voy a ver lo que hago, si iniciar una investigación de oficio para que se me aclare qué es lo que ha pasado", ha asegurado, para reiterar que "en un Estado de Derecho no puede haber conductas que no son propias de un Estado de Derecho".
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