Solà se escuda en “una persecución” y deja sin aclarar sus negocios

El secretario general de Cultura, Xavier Solà, demostró este miércoles dos cosas en su comparecencia en la comisión de Cultura del Parlament para explicar los negocios que tuvo con la Asociación Catalana de Municipios (ACM): que sabe desviar la atención repartiendo las culpas a terceros y excolaboradores y que cuenta con el apoyo de todo el Departamento de Cultura, empezando por el consejero, Ferran Mascarell —presente en la sala— y de Convergència i Unió. Solà demostró que sabe de música y de derecho, pero no supo ni pudo despejar las dudas surgidas en torno a su actividad con la ACM, sino que, según la oposición, todavía generó muchas más. Ante la falta de argumentos, Solà se presentó víctima de una persecución. “Aquí se ha ido a destruir una persona”, denunció.

Solà fue jefe de los servicios jurídicos de la ACM entre 2000 y 2007 y a partir de 2008 pasó a dirigir la Fundación Privada de Vivienda Pública de la entidad. Bajo su dirección se impulsó una promoción de pisos protegidos en Vic, donde él era concejal de Urbanismo. La fundación, además, encargó la gestión del proyecto a Procomu Habitatges SL, sociedad de la que era uno de los tres accionistas junto con Josep Maria Matas —ex secretario general de la ACM investigado por la fiscalía— y un abogado vinculado a CiU.

El otro proyecto del que tuvo que dar explicaciones fue por un catálogo de masías que, según diferentes fuentes, él impulsó aunque lo niega. Lo que no niega es que dos años y medio después de desvincularse de la ACM y del catálogo facturó 193.000 euros (167.111 más IVA) en 65 facturas idénticas a través de una empresa inactiva que él y su esposa acababan de comprar y que nunca más tuvo actividad alguna.

La intervención inicial de Solà exasperó a la oposición, pues eludió toda referencia a las acusaciones y, en cambio, habló de cómo de joven vivió en casa de su tía monja de Cornellà de Llobregat cuando era estudiante y de cómo se labró su primer sueldo a base de ir “con su vespino” a actuar a bodas, bautizos y comuniones. La oposición le exigió entrar en materia, pero ya había consumido media hora.Solà se centró en los aspectos para los que tenía explicación y distrajo la atención, esparciendo las culpas, para el resto. Así, insistió en que no había ilegalidad ni incompatibilidad en los pisos de Vic. “No me he enriquecido con mis cargos públicos”, concluyó. Pasó de puntillas para explicar el triángulo urbanístico en Vic y aseguró que Procomu era titularidad de la fundación, a pesar de que en ningún documento se detalla esta vinculación. Tampoco explicó por qué Procomu cobró 55.000 de la ACM siendo él accionista.

En Vic aseguran que desconocían que ocupaba todos estos cargos, lo que enervó a Solà, muy duro con el alcalde Vila d'Abadal y con el entonces concejal de Vivienda de Vic, el socialista Jacint Raurell. Solà subrayó que sabían de su vinculación a la fundación e incluso recordó que Raurell le había pedido trabajo.

Solà sí se extendió en la necesidad del catálogo de masías y en la idoneidad de su persona para este trabajo. También explicó que cobró dos años y medio después de dejar su cargo porque así lo pactó con Matas. Las 65 facturas también las justificó por una decisión de la ACM, repitiendo la estrategia de esparcir las responsabilidades a terceros. Sobre por qué facturó a través de la empresa comprada poco antes, dijo seguir los consejos de su asesor fiscal para pagar menos impuestos.

A lo largo de dos horas Solà evitó responder muchas preguntas de la oposición. No explicó por qué en las obras de Vic se utilizaron dos gestoras —además de Procomu había otra sociedad, Minamb Quattro—, ni si sabía que esta última empresa había sido propiedad de Cuadreny, socio suyo en Procomu. Tampoco dijo nada —y se lo preguntaron en cinco ocasiones— de por qué la gestora no se decidió por concurso. Ni se refirió a las facturas que el primo de Matas emitió a la ACM un año antes por conceptos similares y por el mismo importe (2.982 euros). Ni si era ético gastar 250.000 euros en dos gestoras para unos pisos que al final no se construyeron.

La oposición vio escasas las explicaciones de Solà. El PSC e Iniciativa pidieron su dimisión. “Un cargo de la Generalitat no debe estar bajo sospecha. No nos ha aclarado las cuestiones, y es suficiente motivo para que presente su dimisión, en defensa de la credibilidad política”, pidió la socialista Consol Prados. La ecosocialista Dolors Camats hizo lo propio considerando que si encuentra legales sus actividades con la ACM puede seguir actuando igual desde su cargo actual. La popular Alicia Alegret pasó la pelota al tejado de Ferran Mascarell: “Hoy le ha puesto las cosas más difíciles al consejero de Cultura”. El republicano Pere Bosch, muy incisivo, instó a Solà a responder algunas preguntas que quedaron en el aire para “generar confianza”. Y resumió Antoni Strubell, de Solidaritat: “No ha sido convincente”. La oposición exigió a la ACM que envie sus cuentas a auditar a la Sindicatura, algo que de momento rechaza la entidad.

CiU consideró que la mejor defensa es un buen ataque. Optó por relegar a la portavoz en la comisión de Cultura, Àngels Ponsa, y dar protagonismo a su portavoz parlamentario, Jordi Turull, que exasperó a la oposición con sus punzantes intervenciones. Turull se escudó en que las actuaciones eran anteriores a su labor como secretario general.