El juez embarga casas y cuentas bancarias de imputados en Emarsa

El juez que instruye el saqueo de Emarsa amplió ayer el embargo de bienes para cubrir la responsabilidad que eventualmente pueda exigírseles a los imputados por el enorme fraude. La fianza global es de 25 millones de euros, pero al ser solidaria, algunos pueden verse obligados a responder por lo que dejen de aportar otros hasta el tope máximo que les haya fijado el instructor, Vicente Ríos.

Ante la inacción de tres de los imputados a la petición de que pusieran en conocimiento del juzgado sus bienes, o debido a que los comunicados resultaban insuficientes para cubrir las fianzas, el magistrado decretó tres nuevos embargos que incluyen dos viviendas, una plaza de garaje, seis cuentas corrientes, un plan de pensiones y diversas participaciones en empresas. Existe la posibilidad, sin embargo, de que las participaciones embargadas no tengan mucho valor, dado que se trata de las sociedades utilizadas presuntamente para exprimir a Emarsa. Y, según ha revelado la investigación, muchas de ellas eran cáscaras huecas, sin personal, empleados ni sedes, en muchos casos creadas o adquiridas con el único fin, supuestamente, de vaciar las arcas de la empresa pública dedicada a depurar el agua de Valencia y su área metropolitana.

La principal embargada en las resoluciones hechas públicas ayer es María Paz García Martínez, hermana de Sebastián, que actuó durante años al mismo tiempo como responsable de informática de la planta y como proveedor para ella de ese mismo tipo de artículos. Su fianza asciende a 3,65 millones de euros. María Paz era la administradora de tres empresas de obras y mantenimiento que, por ejemplo, facturaron a Emarsa por reparaciones en maquinaria que no existía.

Los otros dos embargados son Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero de Emarsa y exedil de Unión Valenciana en Moncada, Enrique Arnal, y Daniel Calzada, del que se sospecha que pudo participar en la estafa a través de cuatro empresas.

El juez comunicó igualmente la recepción de un informe de Hacienda en el que se advierte de que otro de los imputados, Vicente Ros, vinculado a la empresa de lodos Notec, se desprendió de diversas propiedades —cuando el escándalo ya había estallado— a través de donaciones y aportaciones a su sociedad de gananciales, que posteriormente disolvió. El instructor también decidió posponer la incorporación a la causa de la denuncia presentada en fiscalía por los socialistas valencianos contra José Juan Morenilla, exgerente de Epsar, la sociedad de la Generalitat de la que dependen las depuradoras, y su esposa, hasta que resuelva si imputa o no en el caso al exalto cargo.