Orden de denuncia en Granada al exvicepresidente de la Diputación

La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a la de Granada que denuncie al exvicepresidente del anterior equipo de gobierno de Diputación, Julio Bernardo (IU), secretario actual en Granada del PCE, a varios funcionarios de la institución y a siete empresarios por su posible responsabilidad en unas irregularidades detectadas en la celebración de una feria en Tetuán (Marruecos), en noviembre de 2011, en la que participó la Diputación, entonces gobernada por PSOE e IU. Es el llamado caso Mercamed por el que el actual equipo de gobierno en la institución (PP) ha abierto expediente disciplinario a los trabajadores implicados.

En su decreto, el fiscal superior, Jesús García Calderón, pide que además de a Bernardo se denuncie a otros cinco funcionarios por la posible comisión de distintos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El fiscal, que se apoya en la investigación de la Policía Judicial, considera que debe extenderse la denuncia a siete empresarios, entre los que se encuentra la mujer del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca.

La investigación policial arroja “suficientes indicios para suponer” que dentro del proyecto conocido como Mercamed –que se incluye en el programa de cooperación Poctefex, financiado al 80% con fondos europeos—algunos responsables de la Diputación, “en especial” su vicepresidente Julio Bernardo, favorecieron con sus actuaciones que las sociedades de un empresario también implicado pudieran realizar trabajos para el organismo provincial cuando “no tenían capacidad” legal de hacelo al no estar al corriente de pagos.

La Policía Judicial pone de manifiesto la existencia de dos supuestas “tramas” en las que una serie de sociedades “se prestaron a figurar como titulares de las concesiones públicas”, dando una “apariencia legal” a la tramitación de los servicios desarrollados con ocasión de la feria. Según la investigación, hubo una “múltiple adjudicación ficticia a empresas que no realizaron prestación alguna” y tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario antes referido y en otro comunican a Diputación que han cobrado ese dinero “sin realizar servicio alguno” y quedan a su disposición para verificar una devolución, que por ahora no se ha producido.

Por otra parte, y también dentro del programa de cooperación transfronterizo Poctefex, que tiene un presupuesto total de tres millones de euros, se incluyen los proyectos Magrec y Enercoop, además de Mercamed. En Magrec, la empresa de la que es titular la pareja del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada aparece en dos expedientes. En uno se le adjudicó un proyecto para el diseño del proyecto museográfico en Chaouen tras competir con otros de distintas empresas de los cuales, según la policía, “uno es totalmente falso” y otro “de dudosa autenticidad”. Y en el segundo expediente estaba todo preparado para el pago por dirección y ejecución del mismo proyecto “sin que tan siquiera se hubiera realizado el trabajo”, sostiene la Policía Judicial.

El portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente (PP), considera que se trata del asunto de corrupción “más grave” en la historia de la institución. Por su parte, IU cree que lo que hay son irregularidades “administrativas”, mientras que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca (PSOE), ve una “persecución” a su familia.