Los sindicatos argumentan la inseguridad de los ‘ertzainas’ para presionar a Ares

En pleno recrudecimiento del malestar interno en la Ertzaintza, los sindicatos vuelven a esgrimir la inseguridad de los agentes como principal argumento de ataque al Departamento de Interior, que encabeza Rodolfo Ares. Rota la paz social tras los recortes del Gobierno vasco a sus funcionarios, que incumplen parte de los acuerdos laborales pactados para la policía vasca en agosto pasado, los representantes de la plantilla han vuelto a quejarse de carencias formativas y de medios materiales.

Erne, el principal sindicato del cuerpo, asegura que el aumento “exponencial” de los traslados de presos que se ha registrado en los dos últimos años ha derivado en un mayor “riesgo de fuga” de reclusos, así como para la seguridad de los propios ertzainas, ya que la consejería no ha reforzado de forma proporcional la labor de custodia.

Un recluso de la cárcel de Basauri con muletas trató de escapar a la carrera

Los traslados de presos resultan cada vez más frecuentes, bien sea para ir al médico, a los juzgados, a los puntos de encuentro familiares o a otras cárceles. Cada centro penitenciario de la comunidad autónoma (Basauri, Martutene y Zaballa) realiza unos 10 de media cada día, lo que supone más de 10.000 anuales en el conjunto de Euskadi.

De supervisarlos apenas se encargan, y por turnos, unos 70 agentes que ni siquiera tienen dedicación completa. Su formación no es específica en la materia, lo que redunda en un servicio alejado de la especialización requerida y en el “incumplimiento”, según sostiene la central mayoritaria, de las pautas fijadas en el régimen penitenciario para los movimientos de internos.

Los agentes no conocen la condición de los internos a los que transportan

Las consecuencias comienzan a vislumbrarse. En los últimos meses se han producido algunos amotinamientos en traslados colectivos de presos entre distintas cárceles, así como varios episodios con riesgo de fuga. Un recluso con problemas psiquiátricos, por ejemplo, logró romper sus esposas y otro prendió fuego al jersey que llevaba, obligando a interrumpir el traslado en plena carretera. El caso más llamativo, sin embargo, según los datos de la central, se produjo a comienzos de año, cuando un interno de Basauri salió del penal con muletas y las abandonó antes de acceder al furgón, escapando a la carrera. Unos metros más adelante pudo ser retenido otra vez por los ertzainas.

Erne destaca que el problema es que la Ertzaintza carece de esposas especiales para este tipo de casos. “Si alguien tiene el brazo escayolado ya no le puedes trasladar”, asegura un portavoz del sindicato. Sin riesgo de fuga, pero sí para la salud de los agentes, se presentan también los desplazamientos de los presos hasta centros sanitarios, en ocasiones para realizar pruebas de rayos X. “Los ertzainas tienen que acompañar en todo momento a los reclusos y se someten a una elevada radiación. Hemos pedido medidores como los que tiene el personal médico, pero nos los han negado”, lamentan desde la central independiente.

En ocasiones, los agentes disponen del material apropiado o podrían disponer de él, pero no tienen la formación necesaria. Es el caso de algunos de los que supervisan a los presos en los puntos de encuentro familiares, que no han realizado el curso de bastón extensible y van desprovistos de porra. Es una situación “peligrosa”, a juicio del sindicato, que además tiene “una sencilla solución”, ya que “el curso dura diez horas y se da en dos días”. En este contexto se enmarca la escasa capacidad de respuesta que, ante cualquier tipo de incidente, aseguran tener los propios ertzainas. Según recriminan, los informes sobre el mal comportamiento de algunos presos durante los traslados nunca tienen consecuencias, al contrario de lo que sucede cuando los agentes se ven obligados a recurrir a la fuerza para reducir a los reclusos más violentos.

El principal problema para los encargados de custodiar los traslados, pese a todo, es su desconocimiento absoluto de la condición de los presos, ya que la facilitación de información personal sobre estos últimos choca con la ley de Datos. Según Erne, los agentes “no saben si llevan consigo a un delincuente ocasional, habitual o a un mafioso, ni si padece problemas mentales o enfermedades contagiosas”. Carencias que afectan, en su opinión, a la calidad del servicio.