Puig pide un Código Penal más severo para acabar con la “guerrilla urbana”

El consejero de Interior, Felip Puig (CiU), pidió este viernes un endurecimiento del Código Penal que permita atajar los graves disturbios y altercados que se produjeron durante la jornada de huelga general en la ciudad de Barcelona, con 80 personas heridas, 74 detenidas e innumerables daños en el centro. Puig lo atribuyó a la “guerrilla urbana” y fijó como “prioridad” del Gobierno acabar con su actividad. A su entender, la ciudad vivió el jueves la peor jornada de violencia callejera en muchos años.

El titular de Interior se ha caracterizado desde su llegada al poder, hace más de un año, por pedir y aplicar mano dura. A los pocos días de ser nombrado, aseguró en una entrevista que iba a “tensar la ley hasta allí donde esté permitido y un poco más”. Tras la brutal limpieza de la plaza de Catalunya, el 27 de mayo, ya se refirió a esa “guerrilla urbana” y prometió mejoras para combatirla similares a las que explicó ayer.

Puig indicó que estudia nuevos recursos para la policía catalana. El jueves, los Mossos d'Esquadra usaron por primera vez gases lacrimógenos y botes de humo. Cinco personas siguen ingresadas por las heridas. Dos de ellas, en el hospital del Mar, tienen roto el bazo, y un hombre ha sido operado en el hospital de Sant Pau de un ojo y no se descarta que lo pierda. Son lesiones causadas por las pelotas de goma que lanzaron los Mossos.

“Ayer [por el jueves] ya no valía aquello de ‘yo pasaba por aquí”, esgrimió Puig, que criticó a los que animan y enmascaran a los violentos. Describió a los alborotadores como personas organizadas “con actitud criminal”, divididas en grupos de 15 o 20, que iban sembrando el caos en la ciudad. “Luego 1.000 o 2.000 ciudadanos más se han apuntado a este lado de la ilegalidad y a la violencia callejera”, dijo en rueda de prensa. “Los violentos quieren situar Barcelona en un escenario similar al griego”, aseguró. Para frenar la situación, Puig prometió también una “mejor colaboración con la fiscalía y el sistema judicial”, y un grupo de debate con el resto de los partidos . “Hace falta también una respuesta social”, pidió.

“Los violentos quieren situar Barcelona en un escenario similar al griego”, aseguró el consejero de Interior

A pesar de todo, Puig calificó de excelente el mando operativo de la actuación y no admitió que se cometieran errores. ICV-EUiA y el PP han pedido su comparecencia en el Parlament. El presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, exigió que se aplique la legislación antiterrorista de la kale borroka a los alborotadores y que se estudie si “alguna de las organizaciones convocantes ha incurrido en algún tipo de responsabilidad”, en referencia a la CGT y la CNT, que organizaron la marcha que acabó en altercados. Los violentos lanzaron al menos dos cócteles molotov, según Interior, que no ha aclarado qué sindicato portaba material incendiario en una furgoneta como dijo Puig en una tertulia.

La capital catalana se levantó este viernes con un dispositivo extraordinario de limpieza, en el que unas 430 personas, manguera y escoba en mano, pusieron fin al aspecto apocalíptico que aún tenían algunas calles del centro. El Ayuntamiento cuantificó en 565.000 euros los daños causados durante los disturbios del jueves y precisamente 185.000 fueron para pagar dicha operación. En la pasada huelga general, en 2010, los daños ascendieron a 262.500 euros.

También se presentaron desperfectos en varios semáforos y en las paradas del Bicing, y habrá que reparar 675 metros cuadrados de asfalto en algunas calles, como la de Balmes. Los violentos quemaron 295 contenedores durante la jornada de protesta, la mayoría (195) en el Eixample. Cada uno cuesta unos 1.000 euros, según los cálculos del Consistorio. También se incendiaron 25 papeleras dobles.

El Ayuntamiento cuantifica en 565.000 euros los daños al mobiliario urbano causados durante los disturbios del jueves

El Gobierno de la ciudad también aprovechó la celebración del pleno del Ayuntamiento para hacer patente el rechazo de todos los grupos a los actos vandálicos del jueves con una declaración institucional. El texto expresa su “más enérgica condena a los hechos violentos producidos por una minoría organizada durante esta jornada” y apoya las actuaciones de los cuerpos de seguridad. El alcalde Xavier Trias ya había adelantado ayer que Barcelona se personaría contra los imputados por los desórdenes.

Sin embargo, el PP, con Alberto Fernández a la cabeza, decidió presentar su propia moción de urgencia, por considerar que la consensuada con el resto de los grupos era muy tibia. En ella, entre otras cosas, se apremia a “promover los cambios legales necesarios para evitar la reincidencia de personas con antecedentes por acciones violentas en la calle”.

El PSC e ICV-EUiA votaron en contra por considerar que rompía el consenso de la otra moción. Unitat per Barcelona se abstuvo. CiU le dio el sí tras negociar un punto sobre la posible compensación a los comercios dañados, pero en recompensa obtuvo un poco de la fórmula Fernández. El líder del PP no dudó en calificar de “improvisadas” las acciones de Trias y aseguró que los cuerpos de seguridad llegaron tarde y que no se realizó ninguna tarea preventiva en la ciudad, críticas idénticas a las que hizo al Gobierno socialista durante la huelga del 29-S. El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn (CiU), visiblemente enojado, le respondió al PP que, aunque había aspectos mejorables en los operativos, no lo podía acusar de improvisación pues desconocía los preparativos realizados por los cuerpos de seguridad. Assumpta Escarp, del PSC, aseguró que lo importante es transmitir al ciudadano que no hay impunidad en Barcelona y pidió una comisión de estudio.