La juez amplía los delitos a la trama de las ITV y pregunta por los lazos con Pujol

La investigación sobre la trama urdida para amañar concursos públicos de la inspección técnica de vehículos (ITV) no se centra exclusivamente en el tráfico de influencias cometido, supuestamente, por los dos cargos públicos detenidos esta semana. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, también atribuye a los cinco imputados —entre ellos, tres empresarios— los delitos de falsedad documental, contra la hacienda pública y malversación de fondos públicos, según fuentes cercanas al caso.

Los investigadores han descubierto facturas sospechosas emitidas, supuestamente, por dos de los empresarios: Sergio Pastor, ex consejero delegado de Applus y responsable de una filial de eficiencia energética de Ficosa, y Sergio Alsina, socio de la firma Alta Partners. Esas facturas guardan relación, según las mismas fuentes, con labores de asesoramiento realizadas a propósito de la adquisición de la planta que Sony tenía en Viladecavalls, que, cuando la multinacional japonesa decidió dejar de fabricar en España, fue adquirida por una alianza entre Ficosa y Comsa Emte. De esas facturas se deriva, señalan las mismas fuentes, el delito fiscal.

La investigación también ha puesto de relieve que Alsina efectuó diversos pagos mensuales a uno de los detenidos, el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, por asesoramiento sobre el sector de las ITV. Mientras desarrollaba esa tarea, Tous también prestaba servicios —y cobraba—como consultor privado a la Generalitat. El Departamento de Empresa y Empleo le contrató para “poner orden” en el sector de las ITV, inmerso en luchas judiciales.

Además de los ya citados, en la operación fueron detenidos el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el empresario Ricard Puignou. La empresa de este último, Certio, recurrió en 2010 el único concurso público sobre estaciones de ITV convocado por el Gobierno catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo suspendió de forma cautelar por irregularidades.

Los cinco detenidos, que el miércoles declararon ante la juez, intentaron, supuestamente, anular definitivamente el concurso para convocar uno nuevo hecho a medida de sus intereses. Para conseguir ese objetivo —que nunca llegó a concretarse— mantuvieron numerosos contactos telefónicos, que aparecieron por primera vez en el marco de la investigación sobre el caso Campeón. En esas conversaciones aparece el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol.

A los detenidos se les preguntó por su relación y sus conversaciones con el dirigente nacionalista. Uno de los empresarios se interesó por las adjudicaciones de las estaciones y las gestiones del Gobierno para flexibilizarlas a través de la ley ómnibus. Oriol Pujol le contestó que el asunto era complejo y que no había podido mirarlo porque estaba muy ocupado. Los detenidos quedaron en libertad con cargos, con la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados.

El Gobierno de CiU admitió ayer que el año pasado contrató los servicios de Tous, un detalle que obvió el pasado martes al preguntársele por el motivo y las consecuencias de la operación policial. “A Tous se le contrató para ayudar al Gobierno a resolver un conflicto de intereses en relación con el tema de las ITV y las adjudicaciones que hizo el Gobierno tripartito en octubre de 2010”. El portavoz evitó concretar qué pasará con el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, que deberá comparecer el día 1 y 15 de cada mes.