Gobierno y Junta se desentienden del derribo del Algarrobico

Las Administraciones central y autonómica no se hacen ahora responsables del derribo del Algarrobico, el hotel de Carboneras (Almería) construido en suelo protegido no urbanizable dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Tampoco se siente parte implicada el Ayuntamiento de esta localidad, contra el que ha ido la última sentencia del Tribunal Supremo emitida el día 27. En ella, el Supremo dictaba que el hotel de 20 plantas y con 400 habitaciones incumple la Ley de Costas, ya que invade en 50 metros los límites del dominio público marítimo-terrestre. Esto quiere decir que parte del hotel ya es, oficialmente, ilegal y, por tanto, procedería su derribo como exigen los grupos ecologistas.

El Ayuntamiento de Carboneras siempre se ha mostrado contrario al derribo, pero no así el ministerio y Junta de Andalucía, que suscribieron poco antes de las elecciones generales un protocolo de colaboración para financiar la demolición y restauración de la zona. Poco después de conocer el contenido de la sentencia, el ministro Miguel Arias Cañete señaló hacia la Junta como “responsable” de dicho derribo en virtud, dijo, “del Estatuto de Autonomía y de la jurisprudencia del Supremo”.

El balón lo recogió el consejero de Medio Ambiente en funciones, José Juan Díaz Trillo, y lo volvió a lanzar a Madrid. “No puede eludir su responsabilidad”, dijo, y consideró “llamativo” que Arias Cañete apunte que el caso del Algarrobico “aún tiene un largo recorrido jurídico”, sobre todo, después de que en campaña electoral afirmara que “si ganaba Arenas las elecciones andaluzas este tema se resolvería inmediatamente”.