La red de servicios sociales valenciana es la peor de España

La red de servicios sociales de la Comunidad Valenciana es la peor de España. De 0 a 10, la nota de desarrollo de estos recursos asistenciales no llega ni al 1: se queda en un paupérrimo 0,8. Este es el contundente resultado que arroja una evaluación realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se presentó ayer. “La Comunidad Valenciana se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa”, sentencia el documento. “Y a una gran distancia de comunidades que evidencian mejores resultados”, añade. En el extremo opuesto, Castilla y León es la comunidad autónoma con mejores resultados (con una puntuación de 6,9 sobre 10), seguida por el País Vasco y La Rioja (ambas con 6,7).

La evaluación del grado de madurez de los servicios sociales de las distintas autonomías se ha elaborado a partir de tres parámetros: los derechos de los ciudadanos (2 puntos), la inversión económica (3 puntos) y la cobertura asistencial (5 puntos). El indicador resultante de estos factores se ha denominado índice DEC (derechos, economía, cobertura). Para la elaboración del informe se ha contado con 20 referencias de organismos oficiales (obtenidos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el Instituto Nacional de Estadística o Hacienda).

De las deficiencias y la debilidad de la red de atención social valenciana solo se salva un aspecto: el referido a los acogimientos de menores en familias, que suponen el 71% del total frente a la media estatal, situada en un 63,5%. El resto de cuestiones relacionadas con la cobertura asistencial arroja resultados negativos.

La dotación de los servicios sociales de ámbito municipal es uno de los pilares fundamentales de los servicios sociales, debido a su proximidad y su conocimiento de la situación personal de los beneficiarios. El informe destaca la “fragilidad” de este tipo de estructuras ya que hay un trabajador social por cada 6.537 habitantes frente a los 3.858 de media estatal.

El estudio también incide en una cuestión que ya han denunciado repetidamente las plataformas en defensa de la aplicación de la Ley de la Dependencia, y que subraya que la Comunidad Valenciana tiene mucho camino que recorrer en esta parcela. No solo porque el porcentaje de personas con prestaciones es solo del 0,86% de la población, frente al 1,59% de todas las autonomías. También por el elevado número de personas con derecho a recibir este tipo de ayudas que no las percibe, las situadas en el llamado “limbo de la dependencia”.

Tampoco sale muy bien parada la que probablemente sea la herramienta básica destinada a ayudar a personas en riesgo de exclusión, la denominada renta mínima de inserción. El número de beneficiarios está muy por debajo de la media estatal. Solo recibe este recurso una de cada 567 personas en la Comunidad Valenciana, mientras que en toda España la proporción es una renta por 147 personas. El resto de prestaciones que analiza el informe no mejoran el escenario descrito hasta el momento. Existe una "escasa cobertura de plazas asistenciales para personas mayores de 65 años", hay una "baja cobertura del servicio de ayuda a domicilio", una "baja intensidad del servicio de ayuda a domicilio" y un "insuficiente número de plazas residenciales para personas sin hogar".

Sobre discapacidad o protección de mujeres víctimas de violencia de género "no existen datos oficiales", por lo que "la Comunidad Valenciana no puntúa en los correspondientes indicadores". La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, además, califica de "absolutamente lamentable" que la Generalitat se niegue a facilitar información estadística básica requerida por esta entidad para la elaboración de su trabajo. La Administración valenciana "ha sido una de las que no ha respondido" a la petición de datos de los autores del estudio, "evidenciando así una falta de transparencia y vulnerando el derecho ciudadano a la información".

En materia de derechos, otro de los tres factores descritos del informe DEC, la Comunidad Valenciana "evidencia la falta de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de servicios sociales" ya que mantiene una legislación "ya superada por el sector en todo el Estado". Además, "carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector", según refleja el informe DEC. En el apartado relevancia económica, la tercera variable analizada, la situación es "claramente deficiente" con sus tres indicadores por debajo de la media estatal: gasto por habitante en materia de servicios sociales (129,6 euros por 280 de media estatal), porcentaje del PIB destinado a estos recursos (0,65% por 0,15%) y el porcentaje en asistencia social respecto al total de gasto de la Generalitat (4,28% por 6,93% de media).

En el caso de la Comunidad Valenciana, "la única recomendación posible es un cambio radical en su política en materia de servicios sociales", concluye el informe. "Desde la urgente elaboración de un marco legislativo de nuevo cuño al substancial incremento del esfuerzo económico destinado a servicios sociales".