Centenares de viajes frustrados

Fueron sólo 20 horas pero las suficientes para echar por tierra aquellos 3 y 4 de diciembre de 2010, los planes que muchos ciudadanos tenían para un fin de semana que acababa de comenzar y que se situaba como víspera de un macropuente de la Constitución y de la Inmaculada. Las suficientes como para provocar un caos que terminaría con el cierre del espacio aéreo. ¿El motivo? La huelga encubierta de los controladores. ¿La consecuencia? A corto plazo: el Gobierno se vio obligado a decretar el estado de alarma. Más a largo plazo, 15.000 personas de las muchas que resultaron afectadas en todo España han decidido continuar con la batalla legal. De ellas, 387 en Euskadi.

Por territorios, el mayor número de perjudicados se concentra en Bizkaia (187), seguido de Álava (106) y Gipuzkoa (94). Casi año y medio después de los acontecimientos, todos ellos se han sumado a la demanda colectiva contra AENA por el caos provocado en aquellas fechas.

La iniciativa, liderada por el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, se presentó formalmente hace unos días ante la Audiencia Nacional. Y es que será el Juzgado central de lo Contencioso del alto tribunal quien se encargue de tramitar la instrucción, fase en la que se encuentra todavía el caso. En el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, los demandantes sostienen que los controladores actuaron a sabiendas de que causaban un grave perjuicio a miles de pasajeros.

Las partes personadas en el caso coinciden en recalcar que “no existen precedentes”. Estamos ante la demanda colectiva más grande de la historia. “Se trataba de hacer frente común y derivar en una gigantesca causa ante los tribunales, como así ha sido”, sostienen desde el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo.

Los demandantes dicen que los controladores eran conscientes del daño

Los afectados han trabajado las reclamaciones por una doble vía. Por un lado, la administrativa contra AENA. El objetivo de la demanda colectiva es obtener una compensación económica. De esta forma, se reclamarán los gastos acreditados que generó la huelga y que desde el despacho calculan que serán de media entre 500 y 1.000 euros por denunciante, pero también se pedirá una indemnización moral que se ha fijado en 10.000 euros por persona y que va más allá de la cantidad que tiene Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.

Esta reclamación va directamente contra AENA por “ser la garante de dar un servicio público”, dicen. Pero por otra parte, se actuará contra los controladores. Y en este sentido, el despacho se suma a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abrirá por la vía penal contra la AENA.

Uno de los objetivos de la demanda colectiva, apuntan fuentes jurídicas, es que a los controladores se les pueda aplicar por ejemplo las penas contenidas en la Ley de Navegación aérea de 1964, que aunque “es preconstitucional y no ha sigo derogada”, en sus artículos 20 y 21 se contempla que por “el abandono de sus puestos de trabajo”, los controladores pueden ser condenados a penas de hasta ocho años de cárcel. Entre el resto de delitos que se les podría imputar estarían el de sedición o el de falsedad documental.

A partir de ahora y una vez presentada la demanda ante la Audiencia Nacional, la fase de instrucción continúa hasta que se determine una fecha para la vista oral. Será entonces cuando con la documentación recogida por cada uno de los casi 400 vascos afectados, se verifique caso por caso.