El ordenador de Hacienda siempre deja la huella

Todo funcionario que visualice en un ordenador de la Hacienda de Bizkaia los datos de cualquier contribuyente queda perfectamente registrado. Es decir, la investigación emprendida por Diputación para depurar responsabilidades en la filtración a tres periódicos del dossier tributario del socialista Melchor Gil dispone de un sistema con todas las garantías suficientes para aportar con absoluta transparencia el nombre (clave), fecha y hora en que se pudo realizar algún tipo de consulta.

Esta detección de operaciones englobaría cada una de las supuestas funciones que se pudieron realizar desde que se accede a la identificación tributaria de Melchor Gil hasta el posterior envío a la impresora de los documentos intervenidos. Así es más fácil de entender la seguridad que transmitía el pasado martes Juan Mari Aburto, portavoz de la Diputación vizcaína, al afirmar que los procedimientos de seguridad interna de que dispone Hacienda “están muy procesados y protocolizados”.

Tal precisión es posible gracias al programa de seguridad instalado como consecuencia de la encendida polémica suscitada en pleno litigio sobre la rescisión del contrato de Andoni Zubizarreta con el Athletic mediante la divulgación de las condiciones económicas del contrato del entonces director deportivo. Entonces, numerosas personas entraron con absoluta impunidad en los datos fiscales del exportero rojiblanco.

En la zona noble de Hacienda existe un indisimulado malestar por la filtración del dossier de Melchor Gil ya que se está vinculando a un gesto de clara intencionalidad política del que huye la inmensa mayoría de los funcionarios. “No es nuestro estilo y quien lo haya hecho solo ha podido actuar a nivel particular o siguiendo la orden de un superior máximo”, admitía a EL PAÍS una persona relacionada con Hacienda que, lógicamente, exige un absoluto anonimato. El funcionario medio, en cambio, ve la polémica con mucha más distancia.

Desde el PNV se ha puesto especial énfasis en subrayar que “ningún cargo institucional” tiene responsabilidad alguna con esta filtración. Desde Hacienda lo corroboran “por obvio”, habida cuenta, dice la misma fuente, de que “Bilbao o Iru (Iruarrizaga, diputado foral de Economía) no se van a poner delante del ordenador a buscar el dossier sobre Melchor”.

“Irregularidades de más dinero que las de Gil tenemos cientos cada año”

Sin embargo, esta engorrosa filtración, que ha provocado la denuncia del propio afectado y de los partidos PSE y PP, vuelve a enturbiar algunas áreas de la Inspección de Hacienda, donde en más de una ocasión han aflorado algunas diferencias sobre las órdenes de cargos inmediatos. “Lo que más nos molesta es que cuando estamos cumpliendo con nuestra obligación llegue una orden para que nos paremos. Eso no gusta”, recuerda.

Es indudable de que Hacienda, en sus tres áreas, dispone de “gente de confianza” en sus principales cargos, pero en su mayoría proceden de la etapa del ex diputado foral Javier Urizarbarrena, a excepción de la Inspección donde el caso Ibarra permitió acometer una renovación, haciendo así “de la necesidad, virtud”, como recuerda una persona próxima a Diputación.

Por encima de una interpretación política sobrevenida, en Hacienda existe un “rechazo total” a la divulgación de datos sobre “cualquier contribuyente”. De hecho, esta misma fuente indica que “con irregularidades muy superiores en dinero a las de Melchor tenemos cientos al cabo de cada ejercicio y no salen en prensa”. Como prueba, un asesor fiscal implantado en Bizkaia reconoce que “acuerdos de conformidad por encima de los 200.000 euros son frecuentes”, principalmente por parte de profesionales liberales.

Este periódico, no obstante, sí ha planteado a algunos asesores fiscales la teórica facilidad con la que pueden ser rescatados del disco duro de Hacienda determinadas informaciones confidenciales sobre contribuyentes. De hecho, EL PAÍS recibió, de procedencia anónima, un voluminoso dossier sobre las tributaciones particulares y de las empresas de Jabyer Fernández una vez que entabló su guerra judicial contra la Diputación de Bizkaia. “Si se quiere saber quién ha entrado en el ordenador, se sabe porque queda grabado y deja la huella”, insisten.

El proceso a seguir para conocer el estado fiscal de un contribuyente es relativamente sencillo. De entrada, es suficiente con disponer del número del carné de identidad de la persona que va a ser investigada. La única excepción a esta franquicia corresponde a las declaraciones consideradas confidenciales y que son el resultado de un acuerdo previo entre el interesado y los responsables de Hacienda. Una vez conseguida esta consideración, su acceso queda inmediatamente restringido. Fuentes consultadas admiten que Gil no disponía de esta distinción cuando se iniciaron las primeras investigaciones sobre sus declaraciones de IRPF pendientes.

En una interpretación más minuciosa del proceso seguido en el denominado caso Gil, especialistas fiscales no aciertan a comprender “por qué razón firmó el acta de conformidad” para así asumir la deuda y la multa consiguiente que le permitía regularizar su situación con Hacienda. “Creo que no ha estado bien asesorado porque posiblemente pensó que así desaparecía todo rastro sobre su situación y ahí se equivocó”. En medios próximos a Gil, en cambio, aseguran que “fue una reacción lógica para zanjar la deuda que se le reclamaba por un error”.

Ante la situación creada, hay ahora quien abona ahora la teoría en el PSE-EE vizcaíno de que “Melchor creyó que pagando la multa se acababa la historia y no llegó a pensar que, en realidad, lo que había hecho era dar munición a la Diputación y a Hacienda como se ha visto”. Para quien realiza esta interpretación, en clave absolutamente política, la actitud confiada de Gil pudo deberse a las “buenas relaciones que mantenía durante años con gente del PNV”.

El vicesecretario general de los socialistas vizcaínos ha venido participando junto a representantes jeltzales en la puesta en marcha de numerosas iniciativas empresariales y sociales sobre todo desde finales de los años noventa, relevando en estas funciones a veteranos dirigentes de ejecutivas anteriores. Además, ambas formaciones han compartido gobierno en la Diputación vizcaína, generándose desde entonces un clima de confianza que, sin duda, ha saltado por los aires desde las respectivas cúpulas. En estos momentos, Andoni Ortuzar y José Antonio Pastor son enemigos personales y políticos, divididos por una mutua desconfianza.

Precisamente esta explícita ruptura de puentes entre socialistas y nacionalistas ha causado cierta sorpresa en el ámbito político con la mirada puesta en el escenario resultante de las próximas elecciones autonómicas. En el PSE-EE ni se plantean este acercamiento porque, además, prevén “un PNV que va a hacer una campaña totalmente en clave identitaria para combatir con Amaiur por el miedo que tiene a perder”. En el ámbito nacionalista no van tan lejos y se detienen en recordar que “aquí hay la comisión de un delito con Hacienda por una irregularidad que se ha pagado, queda por resolver si detrás de todo hay un tráfico de influencias y quienes en el Partido Socialista lo sabían”.