La deuda de la Generalitat estrangula a las ONG que atienden a los inmigrantes
Bienestar Social debe 1,5 millones para ayudas a la integración de 2011 Valencia Acoge denuncia la situación "terrible" de la inmigración con la crisis
El ejercicio de 2011 ha sido un año difícil para las organizaciones sin ánimo de lucro ONG que trabajan en la atención a los inmigrantes, un colectivo al que la crisis ha dado un zarpazo letal a sus necesidades más básicas de supervivencia (empleo, alimentación y vivienda). Mientras la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía pagaba entre 2010 y 2011 varios millones de euros a una trama de fundaciones que desviaba fondos de cooperación internacional y que está siendo investigada por un juzgado de Valencia, las ayudas directas a medio centenar de entidades sociales se paralizaban. La Generalitat reconoce que, en este momento, debe 1,5 millones de euros de subvenciones correspondientes a 2011 destinadas a financiar a entidades que trabajan en integración de la población inmigrante más necesitada.
“La convocatoria se resolvió, pero no está abonada. Hacienda lo tiene en su lista de prioridades”, confirman fuentes de la nueva Consejería de Justicia y Bienestar Social.
La orden de la convocatoria firmada por el exconsejero Rafael Blasco es del 30 de noviembre de 2010 y se resolvió el 10 de mayo de 2011 dentro del marco del Plan Director de Inmigración 2008-2011 que constituye el principal instrumento de planificación del Consell en las políticas de integración social de la población inmigrante que se pretende llevar a cabo.
"La convocatoria se resolvió,
La gestión de las ayudas recayó sobre la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, que dirigía Josep Maria Felip, que fue detenido el 23 de febrero y puesto en libertad y que está imputado en la supuesta trama de desvío de fondos a la cooperación.
“Los recortes en las subvenciones se han agravado por el impago de deudas por parte de la Generalitat, que está afectando seriamente el funcionamiento de las organizaciones que trabajan en acción social”, confirma una de las organizaciones con más arraigo, Valencia Acoge, a la que el Consell debe 40.192 euros de dicha convocatoria.
“Vivir con 10 y 15 euros a la semana”
“Si las personas autóctonas los están pasando mal, los inmigrantes, sin ningún apoyo, peor”, denunció ayer Carolyn Phippard, presidenta de Valencia Acoge, antes de empezar el congreso de la Red Acoge en Rocafort. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este colectivo es que para regularizar sus papeles necesitan un contrato, y con la crisis actual “es casi imposible”, reflexiona Phippard. “Hay inmigrantes que están viviendo con 10 y 15 euros a la semana”. Es decir, entre uno y dos euros al día, en el umbral de la pobreza.
"La crisis económica genera
Valencia Acoge es una entidad sin ánimo de lucro que en 2011, con un presupuesto de menos de 180.000 euros (lo que equivale a cuatro puestos de trabajo a tiempo completo) atendió a más de 2.000 personas al año en el servicio jurídico y otras 3.000 en el programa de acogida.
La crisis económica está generando “situaciones terribles” entre las personas inmigrantes, ya que muchas han perdido el trabajo y su vivienda y están pensando en volver a sus países de origen, anticipa la presidenta de la asociación.
“La crisis en el sector agrícola, en la construcción y en el sector servicios ha provocado que muchas de estas personas que tenían regularizada su situación de extranjería hayan perdido el permiso de residencia por no poder pagar la cotización”, añade Júlia Checa, la coordinadora de Valencia Acoge.
La organización tiene dos pisos tutelados, uno de mujeres y otro de hombres, para atender las situaciones más dramáticas. Pero este año ha visto desbordadas todas las expectativas, ya que la “crisis”, afirma Checa, ha golpeado en la línea de flotación de la “supervivencia básica” de los inmigrantes. “Hemos detectado demandas de cobertura básica, que hacía años que no pasaba”.
“Algunos de ellos llevaban tiempo viviendo en España, con el arraigo familiar concedido y ahora no tienen ni para comer, ni para los hijos, ni para transporte ni para la hipoteca”, detalla Checa. “Hemos tenido que improvisar programas de emergencia para atender los casos más graves de gente que no recibe ninguna prestación ni ayuda social”.
Asentamientos en Valencia
“Hay una bolsa de población inmigrante en situación de exclusión social malviviendo en asentamientos en Valencia”, describe la coordinadora de Valencia Acoge. “Están en el cauce del río, en una antigua fábrica de Burjassot de donde fueron desalojados, ahora se ha creado otro asentamiento en la zona metropolitana de Bonrepòs, donde viven más de 200 inmigrantes”.
Pese al incremento de la atención a los inmigrantes, Valencia Acoge ha tenido que desprenderse de tres trabajadoras sociales “con más de 10 años de trabajo en la organización. Estamos en la cuerda floja, por la deuda de la Generalitat”, remata Checa. “Somos una entidad sin ánimo de lucro. No tenemos beneficios, ni patrimonio para mantenernos”, debido al retraso en el pago de los 40.000 euros de la Generalitat.
"Muchas organizaciones
Como Valencia Acoge, Checa advierte que se encuentran otras organizaciones de acción social porque “no se han abonado las subvenciones de 2011 por valor de 1,5 millones de euros, que resolvió la Dirección General de Inmigración y Cooperación, que llevaba Josep Maria Felip”.
La consecuencia directa de los impagos es que “muchas organizaciones tendrán que cerrar”, advierte Checa. Valencia Acoge es una de las 24 organizaciones que forman parte de la Red Acoge, que desde ayer por la tarde y hasta el domingo celebra su asamblea general en Rocafort (Valencia). Entre los puntos a tratar figuran el de su posicionamiento y el del sector ante la crisis y las estrategias de futuro, en un contexto de recortes en las ayudas sociales y de fuertes restricciones de la estancia legal de los inmigrantes.
Ante el retraso en el pago de las subvenciones, Valencia Acoge ha tenido que cerrar el local de actividades en el barrio de Orriols de Valencia, una zona de inmigración desde la década de los cincuenta “donde hay una falta de espacios de encuentro”.
“La estrategia de futuro quizás pase por decrecer, gastar menos y fortalecer la base social con más participación”, recoge la Memoria anual de 2011. Otro de los puntos fuertes será también el de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). “Nosotros pedimos el cierre de estos centros y ahora vemos que el Gobierno ha aprobado un borrador de reglamento de estos centros para que sean gestionados por miembros de ONG”, adelanta Checa.
El Consell se persona en la causa de las ayudas a la cooperación
Una vez finalizada una primera tanda de toma de declaraciones a los imputados en la trama de corrupción que habría saqueado millones de euros de los fondos de cooperación internacional que dio la Generalitat entre 2008 y 2011, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha comenzado esta semana a tomar declaración a testigos. El miércoles fueron interrogadas cinco personas. Y según fuentes próximas al caso, está previsto interrogar en calidad de testigo, de momento, a entre 20 y 25 personas en total, entre trabajadores de la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, personas que trabajaron en el departamento de la Generalitat que gestionaba las subvenciones hasta que se hizo cargo como consejero Rafael Blasco, ahora portavoz del PP en las Cortes Valencianas, y personas vinculadas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que lograron ayudas.
La operación arrancó hace un mes, el jueves 23 de febrero, y se saldó con 14 detenidos. La juez Molina ordenó la detención de 17 personas, pero tres se encontraban en el extranjero. Los 14 fueron interrogados y todos ellos resultaron imputados en el caso. Uno de ellos fue enviado a prisión comunicada y sin fianza. Se trata de Augusto César Tauroni, que según la investigación es el presidente de la Fundación Hemisferio, la institución a través de la cual se articuló el saqueo de las ayudas a los países en vías de desarrollo.
Días después se detuvo a una funcionaria de Justicia que estaba en Berlín cuando se ordenaron las detenciones, y también resultó imputada tras prestar declaración. Quedan por interrogar los dirigentes de dos ONG que están en el extranjero desde hace un mes y serán detenidos en cuanto lleguen a la frontera española, aunque se ha descartado ordenar su extradición.
Fuentes vinculadas al caso explican que la red corrupta abarcaba más allá del simple saqueo a los fondos de cooperación, quizá en referencia a que los investigadores se han podido encontrar con una trama de empresas dedicada al blanqueo de capitales. Mientras, el Consell autorizó ayer a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer acciones penales en la causa. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cumple así su promesa de personarse en el caso, aunque hace oído omiso a la petición de la oposición que reclama la destitución de Blasco.
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