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Anticorrupción pide investigar los bienes ocultos del exchófer de Guerrero

La fiscalía solicita examinar las empresas del asistente del ex alto cargo de la Junta

Juan Francisco Trujillo, exchófer de Javier Guerrero, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
Juan Francisco Trujillo, exchófer de Javier Guerrero, en los juzgados sevillanos.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que investigue las empresas y cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Ambos se encuentran en prisión provisional después de sus declaraciones judiciales en las que relataron las tropelías cometidas durante años, la gran mayoría ligadas a la malversación y el cohecho como delitos continuados.

Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez para recabar más datos de las empresas de Trujillo, a pesar de que la policía y los inspectores de Hacienda realizaron una investigación a cuatro firmas en las que participó el exconductor, informó Efe. La fiscalía puntualiza a Alaya que la Agencia Tributaria solo ha indagado los datos fiscales de las sociedades a lo largo de 2004 y 2005, cuando obtuvo las ayudas investigadas.

Durante su declaración, Trujillo describió un relato en el que encadenó un delito tras otro, desde el alzamiento de bienes hasta varios cohechos, pasando por falsificaciones de documentos. Entre sus supuestas acciones ilícitas, destacó la afirmación de que durante tres años gastó 25.000 euros al mes en cocaína con dinero destinado a subvenciones. Esto produjo que si al comienzo de la comparecencia la juez le imputó 11 delitos, finalmente, Trujillo fuera encarcelado por 22 delitos.

La magistrada le impuso la fianza por responsabilidad civil de 2,3 millones por haber recibido 1,3 millones en subvenciones públicas para empresas ficticias, además de los 122.649 euros que recibió su madre, Estrella Blanco, como falsa prejubilada gracias a una póliza individual autorizada por Guerrero. Para la fiscalía, el exchófer “actuó como pleno cooperador en una labor continuada de saqueo de fondos públicos” tanto en su propio beneficio como “cooperando conscientemente” en el beneficio de Guerrero. Trujillo dijo a la juez que ninguna de sus empresas “funcionó nunca”, sino que fueron “una pantalla para recibir dinero”. La fiscalía busca determinar la actividad de algunas empresas y los beneficios exactos que percibió gracias a la venta de fincas e inmuebles.

Mientras, la Consejería de Empleo respaldó ayer al director general Daniel Rivera después de que trascendiera una conversación con la exasesora María José Rofa en la que admitía haber beneficiado a la empresa Elizana. La Junta alegó ayer que es “absolutamente falso” que la Junta ocultara una ayuda a la empresa Elizana, y resaltó su colaboración con la juez. “Lo único que ha venido ha sido lo de Elizana, que es lo único que le he dado alguna cosa y ya está”, decía Rivera en la charla.

Fuentes de Empleo precisaron ayer que desconocen si la conversación “está manipulada, alterada o fraccionada para sacar de contexto su contenido”, en referencia a las grabaciones de la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, que un perito determinó habían sido manipuladas en 13 ocasiones. Sin que se haya realizado un informe pericial, la escucha inicial de la conversación no denota cortes.