Fabra debe colocar 5.000 millones de deuda para evitar la quiebra
El consejero de Hacienda considera imposible normalizar la situación sin 'hispabonos' El coste de la emisión de bonos patrióticos, cercano al 8%, resulta inasumible
Los agobios para afrontar los pagos no cesan. La caída de los ingresos, la deficiente financiación autonómica y, sobre todo, la imposibilidad de colocar la deuda pública de la Generalitat han vuelto a colocar al Consell en una situación de máxima tensión.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, necesita colocar 5.000 millones de euros de deuda pública este mismo año para hacer frente a los vencimientos de los créditos y renovar los préstamos. De esta cantidad, unos 3.000 millones vencen en el primer semestre.
El Consell no pudo colocar el año pasado en los mercados financieros 1.400 millones de euros que ya tenía autorizados por el Gobierno. Otros 1.500 millones de euros de deuda están pendientes de autorizar por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y, además, debe reponer otros 2.100 millones de euros que se detrajeron de otras partidas del presupuesto —fundamentalmente del pago a los proveedores— para que el Instituto Valenciano de Finanzas pudiese amortizar distintos vencimientos con entidades bancarias. En total una cifra que alcanza los 5.000 millones de euros y que está estrangulando las cuentas de la Generalitat.
La última emisión de bonos patrióticos de la Generalitat, realizada el pasado otoño, no se pudo colocar en su totalidad, tal y como estaba previsto. Pero es que, además, los títulos de deuda que se colocaron se tendrán que pagar a un interés superior al 8% de interés anual (un 5% de interés más otro 3% de comisión de intermediación bancaria, aproximadamente). Este coste de la deuda es inasumible para el Consell, que ha visto como se deterioraba su posición. Tanto que las agencias de calificación han rebajado al nivel de bono basura los títulos de la Administración valenciana y han terminado por cerrar el acceso a los mercados financieros. El Consell reclama al Gobierno que coloque como hispanobonos la deuda autonómica, ya que el Estado tiene acceso a los mercados y paga intereses mucho menores.
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, se mostró convencido el jueves en los pasillos de las Cortes de que el Gobierno central arbitrará “a muy corto plazo” un mecanismo para que las comunidades autónomas renueven su deuda.
“Es prioritario que las autonomías puedan volver a una situación de normalidad”, señaló Vela respecto a la renovación de la deuda existente y colocación de la autorizada. “Cuando se establezca ese mecanismo, garantizo que la normalización de los pagos será absoluta”.
La Generalitat confía en que la ley de Presupuestos del Estado, prevista para finales de marzo, incluirá ya el mecanismo para que el Gobierno pueda colocar deuda de las autonomías.
La situación de falta de liquidez no es nueva, pero con el tiempo se ha deteriorado. José Manuel Vela ya advirtió en julio del año pasado de la gravedad de la situación de la Generalitat en la última reunión del Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera presidida por el Gobierno socialista. “Las causas de la falta de liquidez son evidentes, pero los efectos que eso puede tener son desastrosos porque cualquier comunidad en un momento dado puede verse abocada a incurrir en un default”, señaló entonces el consejero de Hacienda. “No queremos endeudarnos más, sino simplemente renovar aquellas operaciones que ya están vivas y que hace apenas dos años se renovaban automáticamente y jamás nos preocupábamos de eso y que hoy en día están generando verdaderos problemas, por lo menos en la Comunidad Valenciana”, indicó.
A finales de diciembre pasado la agencia de calificación Standard & Poor’s redactó un informe en el que sentenció: “A pesar de nuestra convicción de que Valencia cubrirá los próximos vencimientos, anticipamos que la liquidez de la región se seguirá deteriorando ante las crecientes necesidades de refinanciación en 2012”.
Unas necesidades de financiación que se han complicado con la calificación de bono basura otorgada a la deuda valenciana por parte de las principales agencias de calificación.
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