La Generalitat endurecerá el ejercicio de la prostitución para abolirla

El Gobierno de la Generalitat pondrá cada vez más dificultades al ejercicio de la prostitución en Cataluña para seguir un proceso que culmine con "el estado ideal último de la abolición", según ha dicho el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries.

Pese a que el Ejecutivo catalán aún no ha formulado una propuesta global sobre la prostitución, varios departamentos han hecho propuestas con estrategias encaminadas todas a restringir cada vez más "un sistema de esclavitud que en una sociedad como la nuestra no debe tener cabida", ha reconocido el consejero Cleries. En este sentido, se ha alegrado por la iniciativa de los Departamentos de Interior y de Territorio y Sostenibilidad de aplicar una modificación de la Ley de Carreteras para, siguiendo criterios de seguridad, sancionar con multas de hasta 30.000 euros a las prostitutas y clientes en las carreteras de titularidad catalana.

Además, Interior también prepara una ley de usos del espacio público que prevé también prohibir la prostitución callejera, tal como aprobó ayer el Ayuntamiento de Barcelona, que ha endurecido su ordenanza de civismo para sancionar a las meretrices de la calle y a sus clientes sin previo aviso.

"La abolición es el estado ideal último al que debemos tender, pero antes tenemos que pasar por unos procesos", ha señalado Cleries. De hecho, el consejero ha reconocido que la Generalitat "está mirando, por diferentes medios y caminos, de ir poniendo dificultades [al ejercicio de la prostitución] porque creemos que es un sistema por el que unas personas se ganan la vida y otras satisfacen sus necesidades sexuales, que en una sociedad como la nuestra tendría que quedar fuera de lo que son las relaciones normales. Estamos trabajando en este proceso de poner las cosas más difíciles, y aunque hay diferentes departamentos que estamos aportando propuestas, aún no hay una resolución global del Gobierno" en el tema de la prostitución, ha dicho Cleries.

El consejero ha explicado que el control de las prostitutas que se ofrecen en las carreteras "es un trabajo muy positivo, porque hay experiencias en otros países que han conseguido mejorarlo mucho". "En muchas zonas de Cataluña tenemos un impacto visual que no es normal", ha señalado Cleries.

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Montse Gatell, pidió hace pocos días "valentía política" al Gobierno catalán, al que propuso que aborde, por primera vez, el camino de la abolición de la prostitución y no piense en la regularización de esta actividad, como se ha hecho hasta ahora.

Después de que el Gobierno de Jordi Pujol (CiU) regularizase las condiciones que deben tener los locales donde se ejerce la prostitución, el Ejecutivo de Pasqual Maragall (PSC), con la entonces consejera de Interior Montserrat Tura, intentó regularizar el ejercicio del trabajo sexual, pero topó con discrepancias en el seno del propio Gobierno y el PSC, algunas de cuyas dirigentes también proponían el camino de la abolición.

El último Gobierno de José Montilla tampoco abordó la cuestión de la prostitución más allá de perseguir a las mafias y proxenetas, en parte porque la legalización de esta actividad es competencia del Congreso de los Diputados y la capacidad normativa de la comunidad autónoma está limitada.

Por su parte, los Ayuntamientos catalanes han ido elaborando sus propias ordenanzas restrictivas con el ejercicio de la prostitución y limitando, en algunos casos, la construcción de prostíbulos.